Violencia de género en 2025: 57 mujeres asesinadas, el sistema ViogÉN y lo que las cifras no cuentan
En 2025 murieron 57 mujeres a manos de sus parejas o exparejas en España. Es el tercer año consecutivo por debajo de 60 víctimas. El sistema de valoración del riesgo ViogÉN hace seguimiento de más de 80.000 casos activos. Qué funciona, qué falla y por qué el debate político no ayuda a las víctimas.
Conceptos que necesitas
Sistema ViogÉN
Es el sistema policial de seguimiento y protección de víctimas de violencia de género. Cuando una mujer denuncia, tanto un algoritmo como los agentes asignados evalúan el riesgo en cuatro niveles: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. El nivel determina las medidas de protección asignadas —desde llamadas periódicas hasta escolta policial permanente—. El sistema gestiona decenas de miles de casos activos simultáneamente en toda España.
Orden de alejamiento
Medida cautelar dictada por un juez que prohíbe al agresor acercarse a la víctima por debajo de una distancia determinada —habitualmente entre 200 y 1.000 metros— y comunicarse con ella. En España se dictaron más de 40.000 órdenes de alejamiento en 2024. Su efectividad depende del seguimiento policial activo: estadísticamente, alrededor del 12% de los femicidios en España ocurre con una orden de alejamiento vigente.
Violencia vicaria
Forma de violencia de género en la que el agresor daña, amenaza o asesina a los hijos o hijas de la pareja para causar el máximo daño psicológico posible a la madre. Es una forma extrema de control y castigo. España incorporó este concepto a su marco legislativo en 2021, reconociendo a los menores como víctimas directas de la violencia de género, no solo como víctimas indirectas o testigos.
57 mujeres asesinadas en 2025: los datos del sistema y las brechas que persisten
Los hechos
En 2025 murieron 57 mujeres a manos de sus parejas o exparejas en España, según las estadísticas del Ministerio de Igualdad. De ellas, 13 habían denunciado previamente a su agresor y 7 tenían medidas de protección activas en el momento del asesinato. El sistema ViogÉN registraba 83.400 casos activos a 31 de diciembre de 2025. Las denuncias totales por violencia de género ascendieron a 172.000 en 2025, un 3% más que en 2024. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 con un presupuesto de 1.000 millones de euros en diez años, ha sido objeto de críticas reiteradas por parte de organizaciones del sector, que denuncian que más del 40% de los fondos comprometidos se han ejecutado con retrasos superiores a dos ejercicios presupuestarios.
El contexto
España aprobó en 2004 la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pionera en Europa en su enfoque integral. La ley creó los juzgados especializados en violencia de género, el sistema ViogÉN y las unidades policiales específicas (EMUME en la Guardia Civil y SAF en la Policía Nacional). La reducción del número de víctimas mortales —de 71 en 2019 a 57 en 2025— se atribuye parcialmente a estas medidas, aunque los expertos advierten de que la violencia no letal —psicológica, económica, sexual— no está bien registrada ni visible en las estadísticas oficiales. El Convenio de Estambul (ratificado por España en 2014) obliga al Estado a medir y combatir todas las formas de violencia de género, no únicamente la que resulta en homicidio.
Las motivaciones posibles
No son intenciones confirmadas: son incentivos observables.
Gobierno El dato de víctimas mortales es el indicador político central en el debate público sobre violencia de género: cada asesinato genera presión mediática y parlamentaria inmediata. El incentivo es mostrar una tendencia a la baja en los datos mientras se mantiene el gasto en el sistema. La violencia no letal —menos visible y más difícil de medir— recibe proporcionalmente menos atención política.
Oposición (PP y Vox) PP y Vox tienen posiciones divergentes: el PP apoya la ley de 2004 en sus líneas generales pero cuestiona algunos desarrollos normativos recientes. Vox impugna el concepto mismo de "violencia de género" como categoría diferenciada y defiende sustituirla por "violencia intrafamiliar", lo que diluiría las medidas específicas y el sistema de protección vigente. Ambos partidos tienen incentivos para instrumentalizar el debate de cara a sus electorados respectivos.
ONG y organizaciones especializadas Dependen de la financiación pública —estatal y autonómica— para operar centros de acogida, líneas de atención y programas de acompañamiento. Tienen incentivo en ampliar la definición reconocida de violencia para incluir más formas y, con ello, más recursos. Son simultáneamente los actores más críticos con los retrasos en la ejecución del Pacto de Estado y quienes más datos cualitativos aportan sobre la realidad de las víctimas.
Víctimas y supervivientes El sistema exige en la práctica que las mujeres denuncien para acceder a la mayoría de medidas de protección y recursos. Sin embargo, según encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo el 25% de las mujeres que sufren violencia de género presenta denuncia, por razones que incluyen el miedo a represalias, la dependencia económica del agresor, la falta de red de apoyo o la desconfianza en que el sistema les protegerá efectivamente.
Lo que las cifras muestran y lo que el debate político oculta
Cómo lo han contado otros medios
La cobertura mediática de la violencia de género en España se concentra de forma abrumadora en los femicidios —los casos más extremos y más fáciles de cuantificar— y dedica una atención mucho menor a las formas de violencia no letal: la psicológica, la económica, la sexual o el acoso. Los medios más afines al Gobierno suelen destacar la tendencia a la baja en el número de víctimas mortales como indicador de éxito del sistema. Los medios críticos señalan que el número absoluto —57 mujeres— sigue siendo inaceptable y que el debate político (centrado en si se llama "violencia de género" o "violencia intrafamiliar") distrae de las necesidades concretas de las víctimas.
"El debate sobre la nomenclatura de la violencia tiene un coste real: consume energía política que podría dedicarse a ejecutar el presupuesto comprometido en el Pacto de Estado."
Lo que queda abierto
- ¿Se renovará el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuando expire en 2027, y con qué dotación presupuestaria?
- ¿Cómo mejorar la detección de riesgo extremo en los casos en los que la víctima no ha presentado denuncia previa?
- ¿Qué impacto tiene la formación especializada de jueces y fiscales en los resultados de las medidas de protección?
- ¿Cómo se mide y se combate la violencia de género no letal, que afecta a un número mucho mayor de mujeres que la que resulta en homicidio?
Lee también
Sequía estructural en España: por qué cada vez llueve menos, quién decide el agua y el conflicto que viene
130.000 solicitudes en una semana: España pone en marcha el mayor proceso de regularización de migrantes desde 2005
EPA Q1 2026: el paro sube al 10,83%, peor primer trimestre desde 2013
Cómo verificamos este artículo
Fuentes: Ministerio de Igualdad (estadísticas de víctimas mortales por violencia de género 2025), Ministerio del Interior (estadísticas del sistema ViogÉN, diciembre 2025), Consejo General del Poder Judicial (estadísticas de juzgados de violencia sobre la mujer 2024), Centro de Investigaciones Sociológicas — CIS (Barómetro sobre percepción de la violencia de género), GREVIO — Grupo de expertas del Consejo de Europa (Informe de evaluación sobre España, Convenio de Estambul, 2020). Las motivaciones expuestas son incentivos observables basados en declaraciones públicas e intereses institucionales documentados, no intenciones confirmadas. Correcciones: redaccion@horadedespertar.org