Sequía estructural en España: por qué cada vez llueve menos, quién decide el agua y el conflicto que viene

Los hechos

En 2024, los embalses catalanes llegaron al 16% de su capacidad total, el nivel más bajo en 90 años de registros. La Generalitat declaró la emergencia por sequía en febrero de 2024 y estableció restricciones de uso que afectaron a 6 millones de personas en el área metropolitana de Barcelona. La emergencia se levantó en junio de 2024 tras las lluvias de primavera, pero los expertos del CSIC advirtieron de que el alivio era coyuntural. El trasvase Tajo-Segura movió 335 hectómetros cúbicos en 2023, muy por debajo de su capacidad máxima de 600 hm³ anuales, debido al bajo nivel de los embalses cabecera del Tajo. Las precipitaciones medias en España han caído un 12% desde 1960, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El contexto

España tiene la red de embalses más densa de Europa, con más de 1.200 presas construidas mayoritariamente durante el franquismo como solución a la irregularidad histórica de las precipitaciones mediterráneas. Esa infraestructura fue concebida para un clima que está cambiando. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) proyecta que el sur de Europa perderá entre el 20% y el 40% de sus recursos hídricos disponibles para 2050. La agricultura —que consume aproximadamente el 80% del agua en España— sigue utilizando mayoritariamente sistemas de riego por aspersión, mucho menos eficientes que el riego por goteo. El Plan Hidrológico Nacional de 2001 preveía el trasvase del Ebro, pero fue cancelado por el Gobierno de Zapatero en 2004 y sustituido por el programa AGUA, centrado en la desalinización.

Las motivaciones posibles

No son intenciones confirmadas: son incentivos observables.

Gobierno central Quiere evitar conflictos abiertos entre comunidades autónomas, que son competencia política sensible. La apuesta por las desalinizadoras como solución técnica resulta políticamente menos conflictiva que reformar el sistema de trasvases, aunque implica un coste energético y económico mayor. El incentivo es aplazar el conflicto distributivo del agua mientras sea posible.

Murcia y Comunidad Valenciana Dependen del trasvase Tajo-Segura para mantener su agricultura exportadora, que genera miles de millones en divisas y empleo. Cualquier reducción de los caudales trasvasados representa una amenaza económica directa. El incentivo es defender el statu quo del trasvase y resistir cualquier reforma que reduzca los volúmenes garantizados.

Castilla-La Mancha Quiere recuperar caudales para el río Tajo y garantizar los caudales ecológicos mínimos, que actualmente se incumplen en tramos del río. El incentivo político es defender los recursos hídricos propios ante una región que considera que lleva décadas cediendo agua sin suficiente contraprestación.

Sector agrícola intensivo El regadío intensivo —sobre todo en Murcia, Alicante y Almería— necesita certidumbre hídrica para planificar inversiones en invernaderos, infraestructuras y cultivos plurianuales. Prefiere el statu quo del trasvase, aunque sea precario, a soluciones inciertas o más caras como la desalinización, que encarecedría los costes de producción.