130.000 solicitudes en una semana: España pone en marcha el mayor proceso de regularización de migrantes desde 2005
El 16 de abril arrancó el plazo de solicitud de la regularización extraordinaria de personas en situación irregular en España. En los primeros siete días se registraron más de 130.000 solicitudes. El proceso está dirigido a quienes residen en España desde antes del 1 de enero de 2026, llevan al menos cinco meses continuados en el país y no tienen antecedentes penales. La autorización obtenida es de un año renovable, con derecho a trabajar en cualquier sector. El plazo permanece abierto hasta el 30 de junio. La última vez que España puso en marcha un proceso similar fue en 2005, con 700.000 solicitudes. Esta vez las estimaciones del Gobierno apuntan a entre 300.000 y 500.000 personas elegibles.
Tres conceptos para entender por qué este proceso es más complejo de lo que parece
Qué significa estar en situación irregular y qué no significa
Una persona en situación irregular no tiene permiso de residencia vigente en España. Eso no es un delito: la estancia irregular es una infracción administrativa, no penal. Significa que la persona no puede trabajar legalmente, no tiene acceso a determinadas prestaciones y está expuesta a sanciones o expulsión. En la práctica, muchas personas en situación irregular llevan años viviendo y trabajando en la economía sumergida, pagando impuestos indirectos y contribuyendo a sectores como la hostelería, la agricultura y los cuidados.
Qué es una regularización extraordinaria y en qué se diferencia de la vía ordinaria
La vía ordinaria para regularizarse en España exige cumplir condiciones muy estrictas: tener un contrato de trabajo, llevar tres años empadronado, no tener antecedentes penales y superar un procedimiento largo y costoso. La regularización extraordinaria crea una vía temporal más accesible —requisitos menores, plazo específico, tramitación masiva— para regularizar a personas que ya están aquí pero no han podido hacerlo por la vía ordinaria. No es una puerta permanente: el proceso tiene fecha de cierre y no afecta a quien llegue después del 1 de enero de 2026.
Por qué España tiene personas en situación irregular y cuántas son
No hay un censo de personas en situación irregular —por definición, no están registradas como tales. Las estimaciones académicas sitúan la cifra entre 500.000 y 800.000 personas en España. Llegan por vías muy diversas: algunos entran con visado de turista y se quedan cuando vence, otros cruzan fronteras sin papeles. La economía española tiene una dependencia estructural de mano de obra inmigrante en sectores con alta rotación y bajos salarios: hostelería, agricultura estacional, cuidados de personas mayores. La irregularidad no es solo un problema para quien la sufre: también crea bolsas de economía sumergida que el Estado no puede gravar ni controlar.
130.000 solicitudes, requisitos concretos y un debate político que ya ha empezado
Los hechos
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que regula el proceso de regularización extraordinaria. El plazo de solicitud telemática arrancó el 16 de abril de 2026; la vía presencial, el 20 de abril. El plazo para ambas vías cierra el 30 de junio de 2026. Requisitos: residencia en España acreditada antes del 1 de enero de 2026, permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud, ausencia de antecedentes penales en España y en el país de origen durante los últimos cinco años, y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos. El resultado es una autorización de residencia y trabajo de un año, renovable. En los primeros siete días de plazo, el Ministerio de Inclusión registró 130.000 solicitudes. El proceso es gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con colaboración de Correos para la presentación presencial de documentación.
El contexto
La última regularización extraordinaria en España fue la "normalización" de 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que recibió más de 700.000 solicitudes y regularizó a unas 570.000 personas. Fue muy criticada por otros gobiernos europeos —especialmente el de Tony Blair— que argumentaron que incentivaba los flujos migratorios hacia España. El debate se repite ahora. El contexto demográfico ha cambiado: España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y una pirámide poblacional que necesita trabajadores cotizantes para sostener el sistema de pensiones. Al mismo tiempo, la presión migratoria en Canarias —con llegadas récord en 2024 y 2025— ha tensado el debate político. La regularización no beneficia a quienes llegaron de forma irregular después del 1 de enero de 2026, pero sus críticos argumentan que el efecto llamada opera con independencia de las fechas de corte.
Las motivaciones posibles
No son intenciones confirmadas: son incentivos observables.
El Gobierno La regularización responde a una demanda histórica de sindicatos y organizaciones de derechos humanos. También tiene una dimensión fiscal concreta: pasar de la economía sumergida a la formal implica más cotizantes a la Seguridad Social, algo que el sistema de pensiones necesita. El momento político —con Junts bloqueando la agenda legislativa— convierte esta medida, aprobable por Real Decreto sin mayoría parlamentaria, en una de las pocas palancas de acción efectiva del Ejecutivo.
PP y Vox La oposición la enmarca como "efecto llamada" y "premio a la ilegalidad". El argumento tiene rédito electoral en un contexto de preocupación creciente por la inmigración irregular. Lo que la cobertura suele omitir es que regularizar a personas que ya están en España —y lo estarían con o sin el decreto— no genera en sí mismo nuevos flujos migratorios.
Los sindicatos y la patronal CCOO y UGT apoyan la medida porque saca a trabajadores de la economía sumergida y los incorpora a la negociación colectiva. La patronal —especialmente en agricultura y hostelería— la apoya en silencio porque formaliza mano de obra que ya usaban sin contrato. Raramente ambos actores coinciden tan cómodamente.
Los solicitantes Para quienes cumplen los requisitos, la regularización significa acceder al sistema sanitario con normalidad, poder firmar un contrato de trabajo, abrir una cuenta bancaria y no vivir con la amenaza constante de una expulsión. El impacto en sus condiciones de vida es inmediato y concreto.
El debate que la cobertura habitual está evitando tener
Cómo lo han contado otros medios
La cobertura se ha dividido de forma predecible: los medios críticos con el Gobierno destacan el "efecto llamada" y comparan con el colapso de Canarias; los medios afines al Ejecutivo subrayan el impacto en la Seguridad Social y la normalización laboral. Ambos marcos omiten la pregunta más difícil: cuántas de las 130.000 solicitudes iniciales —y de las que lleguen hasta junio— cumplirán realmente los requisitos. El filtrado de solicitudes inválidas determinará si el proceso es tan amplio como parece o si una parte significativa quedará excluida. Eso no se sabrá hasta que los expedientes sean resueltos, lo que puede tardar meses.
Regularizar a 130.000 personas que ya viven, trabajan y consumen en España no es abrir una puerta: es reconocer legalmente algo que ya existe. La pregunta relevante no es si hay que hacerlo, sino cómo se hace bien —y esa pregunta casi nunca protagoniza la cobertura.
Lo que queda abierto
- ¿Cuántas de las 130.000 solicitudes iniciales cumplen los requisitos documentales? Las regularizaciones anteriores tuvieron tasas de denegación significativas. La administración tiene capacidad limitada para tramitar el volumen esperado antes del 30 de junio.
- ¿Qué ocurre con quienes no cumplan los requisitos pero presenten solicitud igualmente? El proceso suspende cautelarmente los expedientes de expulsión en curso mientras se tramita, lo que genera incentivos para solicitar incluso sin cumplir los criterios.
- ¿Cómo reaccionarán los socios europeos? En 2005, la presión de otros estados miembros fue intensa. El contexto de 2026 —con la inmigración como tema central en muchos países— puede generar más fricción que entonces.
- ¿Habrá una segunda regularización o esta es excepcional? La respuesta política a esa pregunta importa tanto como el proceso en curso, porque define las expectativas de quienes llegan después de la fecha de corte.
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Cómo verificamos este artículo
Los datos de 130.000 solicitudes en la primera semana proceden de la nota de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (24 de abril de 2026) y de la cobertura de Euronews e Infobae. Los requisitos del proceso están publicados en el Real Decreto correspondiente y en la web oficial del Ministerio (inclusion.gob.es). Los plazos —inicio 16 de abril, cierre 30 de junio— constan en la nota de La Moncloa del 21 de abril de 2026. La comparación con el proceso de 2005 se basa en datos del Ministerio del Interior y en el análisis académico de Arango y Finotelli (2009). Las motivaciones son incentivos observables, no intenciones confirmadas. Errores: redaccion@horadedespertar.org