Koldo, Begoña Gómez y Santos Cerdán: la corrupción en contratos públicos
Durante la pandemia de 2020, el gobierno activó la contratación de emergencia: un mecanismo legal que permite firmar contratos sin los controles habituales para responder con rapidez a una crisis. El Ministerio de Transportes —que entonces dirigía José Luis Ábalos, "número dos" del PSOE— usó ese mecanismo para adjudicar 36 millones de euros en contratos de mascarillas a empresas del entorno del empresario Víctor de Aldama. La UCO determinó que de esos contratos habrían salido comisiones de 9,6 millones de euros para Ábalos, su asesor de confianza Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán. En febrero de 2024, la "Operación Delorme" detuvo a 20 personas. Ábalos renunció a su escaño durante la instrucción, pero el Tribunal Supremo mantuvo el caso. Ábalos y Koldo están en prisión preventiva desde noviembre de 2025. El juicio oral comenzó el 7 de abril de 2026. La Fiscalía pide 24 años para Ábalos y 19,5 para Koldo. Francina Armengol, presidenta del Congreso, es testigo.
Para entender este caso hay que saber tres cosas previas. Primero, qué es una cátedra universitaria: es una unidad de investigación o docencia dentro de una universidad, generalmente dirigida por alguien con título académico superior (doctor, catedrático). Segundo, qué título tenía Begoña Gómez: una titulación profesional en comercio exterior, sin grado universitario oficial. No es una persona sin formación —tiene una carrera profesional—, pero carece de los credenciales académicos que normalmente se exigen para dirigir una cátedra universitaria. Tercero, quién financiaba la cátedra: empresas privadas, entre ellas las de Juan Carlos Barrabés, un empresario del sector de la innovación digital. Una empresa financia la cátedra de alguien que no tiene el perfil académico habitual para dirigirla: esa es la primera anomalía del caso.
Lo que ocurrió después es lo que lleva a los tribunales: en 2021, Begoña Gómez firmó cartas de recomendación a favor de las empresas de Barrabés para que obtuvieran contratos de Red.es (agencia pública del Ministerio de Economía que gestiona contratos de digitalización). Barrabés obtuvo contratos por 10,6 millones de euros. El problema legal es el siguiente: firmaba esas cartas en papel con membrete oficial, identificándose como codirectora de la cátedra, en un contexto en que su marido es el presidente del gobierno que supervisa Red.es. La cadena es: Barrabés financia la cátedra → Begoña Gómez recomienda a Barrabés → Barrabés obtiene contratos públicos. En mayo de 2025, el informe de la IGAE —la Intervención General del Estado, el organismo que fiscaliza el gasto público— detectó irregularidades y señaló que las cartas habían beneficiado "injusta e ilegalmente" a Barrabés. El juez cerró la instrucción el 13 de abril de 2026 y procesó (acusó formalmente) a Begoña Gómez, Barrabés y la asistente Cristina Álvarez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La Fiscalía Europea (organismo de la UE que investiga fraudes con fondos europeos) también abrió su propia investigación. Pendiente de juicio oral.
Santos Cerdán fue el Secretario de Organización del PSOE —el "número tres" del partido, el que gestiona las estructuras internas— y el negociador del PSOE con Junts para lograr los votos que invistieron a Sánchez en 2023. El informe UCO de junio de 2025 (490 páginas, 8 grabaciones de audio) lo identificó como presunto gestor de un sistema de comisiones del 2% sobre adjudicaciones de obra pública, canalizadas a través de Servinabar, una empresa navarra en la que habría tenido el 45% de las participaciones. La fuente principal de esos fondos habría sido la constructora Acciona. Cuando se publicó el informe, Cerdán dimitió y renunció a su acta de diputado en junio de 2025. Al perder el aforamiento, su caso bajó a la Audiencia Nacional, donde sigue investigado. Estuvo cinco meses en prisión preventiva por "riesgo de destrucción de pruebas".
Más allá de los casos individuales: cómo el gobierno controla el sistema
Además de los casos penales, hay episodios institucionales verificados que afectan a la independencia del poder judicial. Algunos son herencias estructurales del bipartidismo; otros son decisiones concretas del gobierno Sánchez. Hay que distinguir ambas cosas —pero ninguna exime al gobierno de responsabilidad sobre las suyas.
El CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) es el órgano que gobierna la carrera judicial: nombra magistrados del Tribunal Supremo, inspecciona juzgados, sanciona jueces. Su mandato caducó en diciembre de 2018 y estuvo bloqueado durante más de cinco años porque PP y PSOE no se ponían de acuerdo en los candidatos. Durante ese tiempo, el CGPJ no podía hacer nombramientos discrecionales, lo que dejó al Tribunal Supremo con un 30% menos de magistrados. En 2021, el gobierno Sánchez aprobó una reforma que eliminó los poderes de nombramiento del CGPJ en funciones —medida que creaba un incentivo para prolongar el bloqueo y que fue criticada por juristas—. Tras mediación de la Comisión Europea, se renovó en junio de 2024.
El Tribunal Constitucional es el órgano que decide si las leyes respetan la Constitución —el árbitro último del sistema—. En diciembre de 2022, el gobierno nombró al TC a Juan Carlos Campo (su propio exministro de Justicia) y a Laura Díez Bueso (su propia ex directora general). Los nombramientos fueron legales: el gobierno tiene ese derecho. La nueva mayoría progresista del TC eligió presidente a Cándido Conde-Pumpido, que había sido Fiscal General del Estado bajo el gobierno de Zapatero. El debate no es si fue legal: fue legal. La pregunta es si es conveniente que el órgano que controla la constitucionalidad de las leyes esté presidido por alguien cuya carrera está ligada al mismo partido que aprueba esas leyes.
El Fiscal General del Estado dirige la Fiscalía española: decide las líneas de acusación en los grandes casos penales. Lo nombra el gobierno. En marzo de 2024 alguien filtró a la prensa información reservada del expediente fiscal de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid—, incluyendo un correo de su abogado reconociendo un fraude fiscal de 350.000 euros. Ese correo era un documento protegido por secreto. El Tribunal Supremo investigó y en diciembre de 2025 condenó al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados. La pena: multa e inhabilitación de dos años para el cargo. García Ortiz no dimitió. El gobierno Sánchez no le destituyó. Sigue en el cargo. Es la primera vez en la democracia española que esto ocurre.
El CGPJ se elige por cuotas entre PSOE y PP desde 1985. El TC lo eligen los partidos. El Fiscal General lo nombra el gobierno. Este diseño lo heredó Sánchez, no lo inventó. Pero eso no le exime de las decisiones que tomó dentro de ese diseño. La pregunta relevante no es si fue legal: es si fue conveniente para un Estado democrático.