20 civiles muertos en Cajibío: las disidencias de las FARC dinamitan la paz de Colombia a 31 días de las elecciones
Un cilindro bomba lanzado sobre un autobús en la Carretera Panamericana del Cauca deja 20 muertos —15 mujeres y 5 hombres— y 36 heridos. Es el peor ataque desde el Acuerdo de Paz de 2016. El presidente Gustavo Petro suspende los diálogos con el Estado Mayor Central y llama al atentado "sabotaje electoral". El 31 de mayo, Colombia elige presidente.
Tres conceptos para entender Colombia
El Acuerdo de Paz de La Habana (2016) y por qué no acabó con la guerrilla
En noviembre de 2016, el Gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos firmó en La Habana (Cuba) un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla marxista-leninista más antigua del continente —fundada en 1964—, para que sus aproximadamente 14.000 combatientes dejaran las armas a cambio de participación política, tierras y garantías de seguridad. El acuerdo incluía zonas de concentración controladas, una jurisdicción especial para la paz (JEP) que juzgaba crímenes de guerra con penas alternativas a la cárcel, y un partido político —Comunes— con curules garantizadas en el Congreso. El problema fue que el Estado colombiano no tenía presencia efectiva en los territorios que la guerrilla abandonó: cuando los excombatientes se desmovilizaron, el vacío de poder lo llenaron facciones que rechazaron el acuerdo. Estos grupos, llamados "disidencias", consideraron que la dirección histórica de las FARC había traicionado la lucha armada. El más poderoso de ellos es el Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias "Iván Mordisco", que nunca se desmovilizó y que hoy controla corredores de cocaína en el suroeste del país. El acuerdo de 2016 logró desmovilizar a la mayoría de la guerrilla, pero no supuso el fin del conflicto: simplemente cambió quién lo protagonizaba.
La "paz total" de Petro: qué prometió y qué diferencia tiene del proceso anterior
Cuando Gustavo Petro —exguerrillero del M-19, primera presidencia de izquierda de Colombia— llegó al poder en agosto de 2022, propuso ampliar la lógica del Acuerdo de 2016 a todos los grupos armados del país que no se habían desmovilizado: el EMC (disidencias de las FARC), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las organizaciones criminales como el Clan del Golfo. La llamamó "paz total". La diferencia con el proceso anterior era de enfoque: Santos negoció exclusivamente con las FARC y desde una posición de fuerza militar; Petro quería negociar simultáneamente con múltiples actores desde una posición de diálogo social, incluyendo suspensiones de operaciones militares mientras se conversaba. Los críticos —incluidos exnegociadores del acuerdo de 2016— advirtieron que negociar en paralelo con grupos con lógicas distintas era técnicamente muy complejo y daba oxígeno político a los armados sin garantías verificables de que redujeran la violencia. Esa tensión es el núcleo del debate que el atentado de Cajibío ha vuelto a abrir: ¿puede dialogarse con grupos que al mismo tiempo masacran civiles?
El cilindro bomba: qué es, cómo funciona y por qué se usa contra civiles
El cilindro bomba —conocido en Colombia como "pipeta"— es un arma artesanal desarrollada por las guerrillas colombianas a partir de los años 90. Se fabrica con un recipiente metálico de gas (tipo bombona industrial), que se llena con explosivos, metralla (fragmentos de metal, tuercas, clavos) y un detonador de percusión o mecánico. Al impactar, la explosión dispersa la metralla en un radio de decenas de metros. No tiene sistema de guiado: es un proyectil lanzado manualmente, desde un mortero artesanal o incluso arrojado desde pendientes. Eso lo convierte en un arma indiscriminada por construcción: no puede distinguir entre combatientes y civiles. Las guerrillas colombianas la comenzaron a usar precisamente por eso —no como error, sino como estrategia—: aterrorizar a la población civil en zonas disputadas para demostrar que el Estado no puede protegerla. Su uso está prohibido por el derecho internacional humanitario, que prohíbe las armas que no pueden distinguir entre objetivos militares y civiles. Colombia lleva décadas documentando su uso; el de Cajibío fue lanzado sobre un autobús de pasajeros en una carretera, lo que elimina cualquier posibilidad de interpretarlo como error de targeting.
El peor ataque desde La Habana: Cajibío y una ola de violencia en 48 horas
Los hechos
Entre el 25 y el 26 de abril de 2026, combatientes de la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) —la principal disidencia de las FARC, encabezada por alias "Iván Mordisco"— lanzaron un cilindro bomba sobre un autobús de pasajeros en la Carretera Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, suroeste de Colombia. El impacto mató en el acto a 20 civiles: 15 mujeres y 5 hombres. Otros 36 resultaron heridos, varios de ellos en estado crítico, según el parte del Instituto Nacional de Salud y la Cruz Roja Colombiana. El ataque destruyó también 15 vehículos que transitaban por la vía en el momento de la explosión.
El atentado de Cajibío no fue un hecho aislado: fue el punto más letal de una ofensiva de 48 horas en el suroeste colombiano. Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) y la Defensoría del Pueblo de Colombia, durante ese mismo período se registraron al menos 26 ataques adicionales en los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo: cortes de carreteras con árboles y vehículos incendiados, ataques con explosivos a infraestructuras eléctricas, bloqueos a comunidades indígenas y quema de maquinaria de obras públicas. Las fuerzas de seguridad colombianas registraron la presencia simultánea de columnas del EMC en al menos siete municipios diferentes.
El presidente Gustavo Petro decretó toque de queda nocturno en los municipios afectados del Cauca y convocó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional. En una declaración desde Casa de Nariño —la sede presidencial en Bogotá—, Petro anunció la suspensión inmediata e indefinida de los diálogos de paz con el EMC, calificó los ataques de "sabotaje electoral" y acusó al Gobierno de Ecuador de permitir que los explosivos utilizados en el atentado entraran por su territorio. Bogotá llamó a consultas a su embajador en Quito. El Ejército Nacional activó el Plan Especial Perseo, aumentando el despliegue de tropas en el Cauca, e inició operaciones de búsqueda y captura contra la columna Jaime Martínez.
Organismos internacionales reaccionaron con rapidez. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un comunicado condenando el ataque como "crimen de guerra" y recordó que el uso de armas no discriminatorias contra población civil constituye una violación grave del derecho internacional humanitario (Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, artículo 13). Human Rights Watch y Amnistía Internacional pidieron que los responsables sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque esta tiene competencia sobre hechos anteriores al acuerdo de 2016, no sobre los posteriores —un vacío jurídico que varios juristas señalaron de inmediato.
El contexto
Para entender el atentado de Cajibío hay que retroceder a la firma del Acuerdo de La Habana en noviembre de 2016. El acuerdo desmovilizó a la mayoría de los combatientes de las FARC, pero dejó un problema estructural sin resolver: el Estado colombiano no tenía capacidad para ocupar los territorios que la guerrilla abandonaba. El Cauca —departamento montañoso con escasa presencia institucional, alta concentración de cultivos de coca y población indígena vulnerable— fue uno de los más afectados por ese vacío. Las disidencias, que rechazaron el acuerdo desde el principio, llenaron ese espacio. A finales de 2019, Iván Márquez —que había sido jefe negociador de las FARC en La Habana— anunció desde la selva la creación del Estado Mayor Central, retomando las armas junto a otros excomandantes desmovilizados. El EMC creció rápidamente: según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), contaba en 2025 con entre 4.000 y 5.000 combatientes activos, más que cualquier guerrilla colombiana desde los años 90.
Cuando Petro llegó al poder en agosto de 2022 con su propuesta de "paz total", el EMC era ya el actor armado más poderoso del país. El Gobierno inició conversaciones exploratorias en 2023, llegó a decretar un alto el fuego temporal en el Cauca y en el Pacífico, y celebró varias rondas de diálogo —la última en febrero de 2026 en Havana, Cuba, con mediación de la ONU— sin avanzar en puntos sustantivos: el EMC exigía cambios constitucionales y garantías que el Gobierno no podía ofrecer unilateralmente, y el Ejecutivo exigía gestos humanitarios —liberación de secuestrados, fin de los reclutamientos forzados de menores— que el EMC incumplía sistemáticamente. En enero de 2026, el propio Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, reconoció públicamente que el proceso estaba "en punto muerto".
El atentado llega en un momento políticamente determinante. Las elecciones presidenciales colombianas están fijadas para el 31 de mayo de 2026, a 31 días del ataque. La Constitución colombiana prohíbe la reelección presidencial inmediata, por lo que Petro —cuyo mandato termina en agosto de 2026— no puede presentarse. Su Gobierno ha apostado por Francia Márquez, la actual vicepresidenta, como candidata de la coalición progresista. Las encuestas publicadas en marzo de 2026 por la firma Invamer colocaban a Vicky Dávila —exdirectora del noticiero Semana, candidata de la derecha— con entre 38 y 42 puntos de intención de voto, en primera posición. Márquez oscilaba entre 18 y 22 puntos. El candidato de centro, Alejandro Gaviria —exrector de la Universidad de los Andes y exministro de Salud—, aparecía entre el 12 y el 16%. La "paz total" era el eje central de la campaña de Petro-Márquez y su mayor activo diferencial. Ahora es también su talón de Aquiles.
El Cauca tiene un peso específico en esta historia que va más allá de la geografía: es uno de los departamentos con mayor presencia de comunidades indígenas del país —pertenecientes principalmente al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)— que llevan décadas reclamando autonomía territorial y siendo víctimas de todos los actores armados. La Minga indígena, movilización histórica de estas comunidades, ya había advertido en febrero de 2026 que el EMC estaba intensificando los ataques a sus resguardos. Las víctimas del atentado de Cajibío viajaban en un autobús de línea regular que conecta municipios del corredor andino-pacífico, una ruta usada masivamente por población indígena, campesina y comerciantes locales.
Las motivaciones posibles
Tres actores tienen incentivos claramente observables ante este escenario. Sus cálculos son distintos, y en algunos puntos directamente contradictorios.
El EMC / disidencias (columna Jaime Martínez) El Estado Mayor Central tiene incentivo para demostrar, antes de las elecciones, que ningún Gobierno colombiano puede pacificar el Cauca sin satisfacer sus condiciones. Si Vicky Dávila gana la presidencia en mayo —como anticipan las encuestas— el EMC prevé una política de mano dura y abandono del proceso de paz. En ese contexto, la violencia preelectoral tiene una lógica de posicionamiento: cuanto más territory y capacidad de fuego demuestren antes del 31 de mayo, más fuerza tendrán en eventuales renegociaciones con un futuro Gobierno de derecha que, antes o después, tendrá que gestionar el conflicto en el Cauca. Al mismo tiempo, la columna Jaime Martínez controla corredores de coca hacia el Pacífico colombiano: cada perturbación en las carreteras —como los 26 ataques en 48 horas— aumenta la dependencia de los cultivadores locales de la red logística del EMC y debilita la presencia del Estado. La suspensión de los diálogos por parte de Petro les libera de cualquier compromiso de moderación que pudieran haber adquirido en las rondas de conversación.
Gustavo Petro y el Gobierno La reacción de Petro —suspensión de diálogos, toque de queda, acusación a Ecuador— tiene la lógica de quien necesita demostrar que no es débil ante la violencia, precisamente porque lleva cuatro años siendo acusado de serlo. Su apuesta por la "paz total" le expone a que cualquier ataque del EMC sea leído como prueba de su fracaso: sin condenar el atentado con contundencia y suspender los diálogos, la narrativa de la oposición —"Petro negocia con terroristas"— se consolida. La acusación a Ecuador tiene una utilidad interna adicional: traslada parte de la responsabilidad fuera de las fronteras colombianas y aleja el foco de la pregunta incómoda de por qué, tras cuatro años de gobierno, el EMC tiene más combatientes y más capacidad destructiva que cuando Petro llegó al poder. Al mismo tiempo, Petro tiene incentivo para no hacer la ruptura definitiva: una eventual reiniciación del diálogo después de las elecciones —sea quien sea el próximo presidente— requiere mantener abiertas las líneas de comunicación, aunque haya suspensión formal de las conversaciones.
Vicky Dávila y los candidatos de oposición La derecha colombiana —con Dávila a la cabeza— tiene el incentivo obvio de usar el atentado para consolidar la narrativa de que la "paz total" ha sido un fracaso y que el diálogo con el EMC equivale a impunidad para los terroristas. Dávila publicó en sus redes un mensaje horas después del atentado citando los 20 muertos y añadiendo: "Esto es lo que ha comprado la paz total de Petro". El cálculo electoral es claro: cada ataque del EMC durante la campaña refuerza su argumento central. El riesgo para la oposición es sobreextenderse —proponer una política de seguridad que tampoco tiene garantías de éxito— y que el debate se enquiste en el terreno de la seguridad mientras Márquez activa la base progresista en respuesta. Gaviria, el candidato de centro, se ha posicionado de forma más matizada: reconoció que el proceso de paz "necesita reformarse, no abandonarse", lo que le distingue tanto de Petro como de Dávila, aunque le da menos titulares.
Cómo se está contando y qué queda sin explicar
Cómo lo han contado otros medios
La cobertura colombiana ha dividido el hecho en dos marcos narrativos paralelos. Los medios afines a la derecha —Semana, El Colombiano, W Radio— han utilizado el atentado para reforzar la tesis de que la "paz total" ha sido un error estratégico desde el principio y que Petro ha negociado desde una posición de debilidad que el EMC ha explotado sistemáticamente. Su cobertura ha enfatizado el número de víctimas, las declaraciones de Dávila, y el contraste entre los discursos de Petro sobre la paz y la violencia en el Cauca. Los medios más próximos al Gobierno —Colombia Informa, Vorágine— han insistido en el encuadre de "sabotaje electoral" que propuso el propio Petro, apuntando a que la escalada de violencia justo antes de las elecciones no puede ser casual y que tiene una lógica de desestabilización deliberada.
La prensa internacional —El País, Reuters, The Guardian, Le Monde— ha cubierto el atentado primordialmente como la noticia de la masacre en sí, con datos sobre víctimas y contexto del conflicto armado colombiano. Lo que la cobertura internacional ha tendido a omitir es la complejidad del tablero electoral: pocos medios extranjeros han explicado que Colombia vota presidente en 31 días, que los candidatos tienen posiciones radicalmente distintas sobre el proceso de paz, y que el atentado impacta directamente en esa carrera. También se ha prestado poca atención a la dimensión humanitaria de las comunidades indígenas del Cauca —que son víctimas recurrentes del EMC y que rara vez tienen voz en la cobertura— ni al hecho de que España alberga unos 600.000 colombianos, la mayor comunidad latinoamericana del país, con derecho a votar en las elecciones del 31 de mayo.
Un elemento significativamente subcontado en toda la prensa es la relación entre el EMC y la economía de la coca. El Cauca es uno de los departamentos con mayor extensión de cultivos de hoja de coca del país: según el Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos de la UNODC (2025), el departamento tenía 37.000 hectáreas cultivadas, un 12% más que en 2024. Esa economía —con una cadena de valor que mueve cientos de millones de dólares anuales— es el sustento financiero del EMC y explica, más que cualquier ideología, por qué la organización tiene incentivo para mantener el control territorial a cualquier precio. Este dato aparece casi siempre como nota a pie de página en las crónicas sobre el conflicto, cuando en realidad es su motor central.
Lo que queda abierto
- ¿Cuál es la evidencia concreta que sustenta la acusación de Petro a Ecuador como ruta de los explosivos? El Gobierno colombiano ha prometido presentarla ante la OEA, pero no la ha hecho pública. Si la acusación es verificable, cambia el mapa de responsabilidades internacionales; si no lo es, el costo diplomático para Colombia es significativo. La respuesta debería ser pública antes del 10 de mayo.
- ¿Cuántos combatientes tiene hoy el EMC con capacidad real de ataque en el Cauca? Las cifras oficiales del Ejército colombiano y las de organismos independientes como la FIP difieren en más de un 30%. Si el EMC ha crecido durante los cuatro años de "paz total" —como sugieren varios informes—, eso requiere una explicación que ningún actor político ha dado todavía de forma verificable.
- ¿Qué pasará con los diálogos de paz si Vicky Dávila gana las elecciones? Su programa electoral propone no negociar con grupos que hayan cometido crímenes de guerra. Pero el historial de los gobiernos colombianos de derecha —incluido el de Iván Duque, que llegó al poder prometiendo revisar el acuerdo de 2016 y acabó aplicándolo parcialmente— muestra que la posición preelectoral y la postelelectoral no siempre coinciden. Es el hilo que HdD seguirá en junio.
- ¿Qué mecanismos de reparación existen para las 20 familias de las víctimas? La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no tiene competencia sobre hechos posteriores a 2016. La Unidad para las Víctimas del conflicto puede ofrecer indemnizaciones administrativas, pero los tiempos son extensos y los montos insuficientes según las propias organizaciones de víctimas. ¿Qué vía judicial concreta tienen estas familias?
- ¿Por qué la Minga indígena del CRIC lleva meses advirtiendo del aumento de la violencia del EMC en el Cauca sin que haya generado cobertura o respuesta política proporcional? La comunidad indígena —con estructuras propias de guardia y justicia— ha documentado incursiones del EMC en sus resguardos. Sus alertas no llegaron a la agenda pública hasta que la masacre hizo imposible ignorarlas.
Si el Estado colombiano lleva diez años sin presencia efectiva en el Cauca —durante gobiernos de derecha, de centro y de izquierda— y el EMC ha crecido exactamente en ese vacío, ¿qué hace distinto al siguiente presidente, sea quien sea, para que la historia no se repita?
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Cómo verificamos este artículo
Los hechos se basan en fuentes primarias: partes oficiales del Gobierno colombiano (Casa de Nariño, Ministerio de Defensa y Defensoría del Pueblo), comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, informe UNODC 2025 sobre cultivos ilícitos en Colombia, datos de encuestas de Invamer (marzo 2026) y reportes del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC). Las cifras de combatientes del EMC provienen de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), organismo independiente con presencia en terreno. Las motivaciones expuestas son incentivos observables deducibles de los datos públicos disponibles: no constituyen atribuciones de intención. La historia de la coca en el Cauca se basa en datos oficiales de la UNODC. Errores o información adicional: redaccion@horadedespertar.org