El Parlamento Europeo vota hoy levantar la inmunidad de Alvise Pérez: el primer eurodiputado español de extrema derecha en un procedimiento de suplicatorio
La comisión JURI del Parlamento Europeo recomendó por mayoría levantar la inmunidad parlamentaria de Luis "Alvise" Pérez Fernández, eurodiputado de Se Acabó La Fiesta, para que la justicia española pueda investigarle por presunto fraude electoral y financiación irregular de su campaña. El pleno vota hoy. Si se aprueba, pierde la protección que le impide ser citado como investigado.
Cómo funciona la inmunidad parlamentaria europea
La inmunidad parlamentaria: qué protege y qué no
Los eurodiputados gozan de inmunidad parlamentaria según el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la UE. La inmunidad tiene dos dimensiones: la inviolabilidad (no pueden ser detenidos ni procesados por actos cometidos en ejercicio de su función parlamentaria) y la irresponsabilidad (no pueden ser perseguidos por opiniones o votos emitidos en el ejercicio de su cargo). La inmunidad no es permanente ni absoluta: el Parlamento puede levantarla si lo solicita la justicia del Estado miembro correspondiente. No cubre delitos cometidos antes de ser eurodiputado ni ajenos al cargo.
El suplicatorio: la petición formal de levantamiento
En España, el equivalente al levantamiento de inmunidad se llama suplicatorio cuando afecta a un parlamentario nacional. Para eurodiputados, el procedimiento europeo es análogo: el Estado miembro solicita al Parlamento Europeo que autorice investigar a su eurodiputado. La solicitud pasa primero por la comisión JURI (Asuntos Jurídicos), que elabora un informe y recomienda al pleno votar a favor o en contra. El pleno decide por mayoría simple. Si el pleno aprueba el levantamiento, el eurodiputado pierde la protección frente a la investigación solicitada.
Se Acabó La Fiesta: quién es Alvise Pérez y de dónde viene
Luis "Alvise" Pérez Fernández es el fundador y figura central de Se Acabó La Fiesta (SALF), partido de extrema derecha personalista creado en 2023. En las elecciones europeas de junio de 2024 obtuvo tres escaños con más de 800.000 votos, resultado que sorprendió al sistema de partidos español. Pérez construyó su audiencia principalmente a través de Telegram y redes sociales, con un discurso de denuncia de la corrupción del sistema y antipolitismo radical. Es el único partido español de nueva creación que obtuvo representación en el Parlamento Europeo en ese ciclo electoral.
Las acusaciones, el procedimiento y los incentivos de cada actor
Las acusaciones que originan el suplicatorio
La Fiscalía española solicitó el levantamiento de la inmunidad de Álvaro Pérez ante el Parlamento Europeo para investigarle por dos presuntos delitos: fraude electoral —difusión durante la campaña electoral de bulos verificablemente falsos sobre candidatos de otros partidos— y financiación irregular de campaña —uso de fondos cuyo origen no ha podido acreditarse a través de las vías legales ordinarias de financiación de partidos—. La Junta Electoral Central ya había sancionado administrativamente a SALF por varias infracciones durante la campaña de 2024, pero las infracciones penales requieren un procedimiento judicial que la inmunidad parlamentaria tiene bloqueado.
La comisión JURI del Parlamento Europeo votó el 15 de abril a favor de recomendar el levantamiento por 14 votos a favor y 7 en contra. El informe de la comisión argumenta que los delitos investigados no guardan relación con el ejercicio del mandato parlamentario, lo que hace que la protección de la inmunidad no sea de aplicación.
Los hechos del procedimiento
El pleno del Parlamento Europeo debate y vota hoy el levantamiento. Se necesita mayoría simple de los votos emitidos. Álvaro Pérez ha dicho en sus redes sociales que la votación es una "persecución política" orquestada por "el sistema". No ha comparecido ante la comisión JURI para dar explicaciones. Los otros dos eurodiputados de SALF —que se unieron al grupo político conservador ECR— no tienen procedimientos abiertos.
Los incentivos observables de cada actor
Álvaro Pérez: el levantamiento de la inmunidad no equivale a condena ni implica necesariamente juicio. Le permite ser citado como investigado, lo que puede tener efecto político —sus seguidores pueden leer como "persecución" lo que es un proceso judicial ordinario—. Su incentivo es convertir el procedimiento en un relato de victimización que refuerce su base electoral. Ha anunciado que si pierde la inmunidad "seguirá más fuerte que nunca".
La Fiscalía española: tiene el incentivo institucional de que la justicia pueda investigar presuntos delitos sin que la inmunidad sea un obstáculo. No existe en los documentos públicos ningún indicio de motivación política en la solicitud de la Fiscalía, aunque Pérez lo afirme.
El Parlamento Europeo: su pauta histórica es aprobar los levantamientos de inmunidad cuando los delitos investigados no tienen relación con el ejercicio del mandato parlamentario —como es este caso según la JURI—. Rechazar levantamientos sin razón jurídica sólida dañaría la imagen del PE como institución que no ampara la impunidad.
Vox: SALF y Vox comparten electorado en la derecha radical española pero son competidores directos. El silencio o la indiferencia de Vox ante el procedimiento es observable: no han salido en defensa de Pérez.
Cómo se ha contado y qué viene después
Cómo lo han contado los grandes medios
El País y elDiario.es han cubierto el procedimiento con detalle, destacando la singularidad de ser el primer eurodiputado español de extrema derecha en este proceso. El Mundo y La Razón han dado más espacio a la posición de Pérez —"persecución"— que al fondo del procedimiento jurídico. La prensa europea ha prestado poco interés al caso, a diferencia de casos similares con eurodiputados de Le Pen en Francia, que sí tuvieron cobertura continental. En las redes de Telegram y X donde Pérez tiene su mayor audiencia, el relato dominante es el de "caza de brujas".
Qué viene después del voto
Si el pleno aprueba el levantamiento hoy, el caso pasa a la Fiscalía española, que puede citar a Pérez como investigado en un plazo de semanas. Eso abriría una investigación judicial que puede durar meses o años. No implica inhabilitación ni pérdida del escaño automáticamente. Si el pleno rechaza el levantamiento —algo inusual dado el precedente de la JURI—, la Fiscalía no puede proceder y el caso queda en suspenso hasta que termine su mandato en 2029. El resultado de la votación no se conocía al cierre de esta edición.
La inmunidad parlamentaria existe para proteger a los representantes de la persecución política. Pero cuando un representante la usa para evitar ser investigado por delitos ajenos a su cargo, ¿la institución protege la democracia o la socava?
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Los datos sobre el procedimiento proceden del Parlamento Europeo y del informe público de la comisión JURI (abril 2026). Las acusaciones descritas reflejan las investigadas por la Fiscalía, no hechos probados —nadie es culpable hasta que un tribunal lo declare—. Las declaraciones atribuidas a Alvise Pérez proceden de sus canales de Telegram verificados. El resultado de la votación del pleno no estaba disponible al cierre de esta edición.