El 1 de Mayo más caliente en doce años: 400.000 personas en la calle y el primer gran paro en transportes desde 2014

Los hechos

Las marchas del 1 de mayo concentraron a 400.000 personas en toda España según las organizaciones sindicales: 120.000 en la marcha principal de Málaga, 95.000 en Madrid y 70.000 en Barcelona, con el resto distribuido entre las capitales provinciales. Las delegaciones del Gobierno cifran la asistencia nacional en 280.000 personas. Ambas estimaciones — la sindical y la policial — coinciden en señalar que es la mayor participación desde las movilizaciones de 2013 contra los recortes de austeridad.

La huelga de trabajadores de estaciones de servicio, convocada por CGT y STM (Sindicato de Trabajadores de la Movilidad), afectó al 60% de las gasolineras de la red de autopistas y al 35% en zonas urbanas, según datos de la patronal del sector AESAE. El servicio de emergencias del Ministerio de Industria habilitó un mapa web en tiempo real de estaciones abiertas. Las colas en las pocas gasolineras operativas comenzaron a ser visibles desde el mediodía del 30 de abril, víspera del puente.

CCOO y UGT presentaron un pliego de condiciones con cinco puntos: reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, subida mínima del salario del 4% anual hasta 2028, regulación estatal de los alquileres en zonas tensionadas, ampliación de la baja por paternidad a 20 semanas, y creación de un fondo estatal de 10.000 millones de euros para vivienda pública.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió un mensaje grabado en video a los asistentes en el que se comprometió a "seguir trabajando por los derechos de los trabajadores". No participó presencialmente en ninguna marcha. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sí estuvo presente en la marcha de Madrid y declaró que la jornada de 37,5 horas "es un compromiso de Gobierno para esta legislatura".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, confirmó durante el 1 de mayo que el Gobierno presentará en junio una nueva propuesta de regulación de alquileres en zonas tensionadas, tras el fracaso del decreto ómnibus en el Congreso el 29 de abril.

El contexto

La huelga general de gasolineras de 2026 es la primera gran huelga en el sector de distribución de carburantes desde 2014. Coincide con el precio de la gasolina sin plomo 95 al más alto nivel desde octubre de 2022 — 1,89 euros por litro de media el 1 de mayo — por el efecto del Brent a 113 dólares tras el cierre parcial del Estrecho de Ormuz por la guerra entre EEUU e Irán. El impacto de la huelga en un día de operación salida es, en términos de visibilidad, mayor que cualquier manifestación.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026, publicada el 28 de abril, mostró que el paro subió al 10,83%, con 170.300 empleos destruidos en el trimestre. El paro juvenil alcanzó el 24,5%. Estos datos — los peores desde 2013 — contextualizan la crispación laboral: los sindicatos convocaron el 1 de mayo con las cifras de empleo más negativas en trece años, lo que da una base objetiva a la movilización más allá de la agenda política de las centrales.

El decreto ómnibus, que incluía la subida del Salario Mínimo Interprofesional y mejoras en el sistema de protección social, cayó en el Congreso el 29 de abril por el voto negativo de Junts. La derrota legislativa fue calificada por CCOO y UGT como "irresponsabilidad política" y avivó la movilización del día siguiente: la caída del decreto es el motivo explícito por el que algunas plataformas de vivienda y organizaciones de inquilinos se sumaron a las marchas sindicales.

El informe anual del Consejo Económico y Social (CES), publicado en marzo, cifró que el 34% de los trabajadores en España cobra menos de 1.500 euros brutos al mes, y que el coste del alquiler medio en las diez principales ciudades supera el 38% del salario neto. En Málaga, sede de la marcha principal, ese porcentaje alcanza el 48%.

Las motivaciones posibles

La jornada del 1 de mayo de 2026 no es solo una protesta: es también un escenario donde distintos actores tienen interés en que salga bien o mal, y en cómo se lee públicamente.

CCOO y UGT tienen incentivo para recuperar relevancia social en un momento de declive sostenido de la afiliación sindical. La tasa de afiliación en España es del 16%, la más baja de Europa occidental, y llevan una década perdiendo peso en las negociaciones de grandes empresas tecnológicas y de plataformas. Una gran marcha les reposiciona como interlocutores legítimos ante el Gobierno y la patronal. La inclusión de la vivienda como demanda central no es casual: amplía su base social más allá del trabajador industrial tradicional y llega a los jóvenes alquilados que no se identifican con el sindicalismo clásico.

El Gobierno de Sánchez tiene incentivo para mostrar empatía con las demandas sindicales sin comprometerse con medidas que eleven el déficit. La nueva propuesta de regulación de alquileres anunciada para junio es suficientemente genérica como para no generar conflicto inmediato. El Gobierno también tiene incentivo para que el 1 de mayo sea percibido como expresión legítima y pacífica de la sociedad civil, no como presión directa contra su gestión — de ahí que Sánchez enviara un video pero no apareciera en persona.

El PP y Ayuso tienen incentivo para que las huelgas y la movilización sean asociadas al "fracaso del modelo económico de izquierda" y al caos generado por la dependencia del Gobierno de socios políticos como Junts. El PP de Madrid emitió un comunicado pidiendo que "Sánchez libere al sector servicios de la presión sindical y deje crecer a las empresas".

Los trabajadores de gasolineras tienen un incentivo concreto e inmediato: el convenio colectivo del sector lleva tres años sin renovarse. Los empleados cobran de media 1.350 euros brutos al mes en un sector que ha visto sus márgenes crecer con el alza del crudo. Su huelga es la más visible del día precisamente porque conecta con el problema del precio de la gasolina que siente toda la población, no solo el afiliado sindical.