El Tribunal Constitucional cierra el debate: la ley de amnistía se queda y los recursos de las autonomías, rechazados
El 26 de junio de 2025, el Tribunal Constitucional avaló la Ley de Amnistía (LO 1/2024) por 6 votos a 4. Declaró inconstitucionales dos preceptos —con consecuencias distintas cada uno— y validó el resto. Desde entonces ha rechazado los recursos de al menos 7 comunidades autónomas. La discusión judicial está cerrada. La discusión política, no. Esto es lo que dice la sentencia, lo que declara inconstitucional y lo que todavía queda pendiente.
Tres conceptos jurídicos que definen todo el debate
Qué es una ley de amnistía
Una ley de amnistía extingue la responsabilidad penal por determinados actos cometidos antes de su aprobación. A diferencia del indulto —que perdona la pena pero mantiene la condena—, la amnistía borra el delito: es como si jurídicamente no hubiera ocurrido. La Constitución española de 1978 no menciona la amnistía ni la prohíbe. Eso hizo que el debate sobre si el Parlamento podía aprobarla fuera el núcleo de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional.
Inconstitucional sin nulidad vs. inconstitucional y nulo
Cuando el TC detecta un problema en una ley tiene dos opciones. La más grave: declarar un precepto inconstitucional y nulo, lo que lo expulsa del ordenamiento jurídico. La más matizada: declararlo inconstitucional pero sin nulidad, lo que significa que el texto sigue en vigor pero los jueces deben interpretarlo de una forma concreta fijada por el TC. Una ley puede tener un artículo inconstitucional y seguir siendo válida si no se anula.
Cómo funciona el control de constitucionalidad
El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución en España. Sus sentencias vinculan a todos los jueces y tribunales. Cuando el TC avala una ley, los tribunales ordinarios —incluido el Tribunal Supremo— tienen que aplicarla aunque discreparan de ella. El TS planteó su propia cuestión de inconstitucionalidad (resuelta en la STC 164/2025): el TC ratificó su posición en todos los puntos.
El TC valida la ley de amnistía y rechaza todos los recursos autonómicos
Los hechos
El 26 de junio de 2025, el TC aprobó por 6 votos a 4 la sentencia sobre la Ley Orgánica 1/2024 (Ley de Amnistía). Declaró el artículo 1.1 inconstitucional sin nulidad: el precepto permanece en vigor pero los jueces deben interpretar que excluye los delitos de terrorismo con resultado de muerte. Declaró el párrafo segundo del artículo 1.3 inconstitucional y nulo: ese fragmento, que afectaba a actos de corrupción vinculados al proceso independentista, quedó expulsado del ordenamiento. El resto de la ley fue declarado conforme a la Constitución. Desde entonces el TC ha rechazado al menos 7 recursos de inconstitucionalidad presentados por comunidades autónomas gobernadas por el PP. El TS también planteó una cuestión de inconstitucionalidad —resuelta en la STC 164/2025— igualmente desestimada.
El contexto
La Ley de Amnistía fue aprobada en el Congreso en mayo de 2024 como parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, con los votos de Junts y ERC. Pretendía amnistiar actos relacionados con el proceso independentista catalán entre 2012 y 2023, incluyendo el referéndum del 1 de octubre de 2017. Los gobiernos autonómicos del PP —Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia, Aragón y otros— recurrieron argumentando vulneración del principio de igualdad ante la ley y de la separación de poderes. El TC tardó 13 meses en dictar la sentencia principal. La composición del tribunal, renovada en 2023 con magistrados propuestos por el Gobierno, fue el argumento de la oposición para cuestionar la imparcialidad del fallo.
Las motivaciones posibles
No son intenciones confirmadas: son incentivos observables.
El Gobierno Presentó la ley como instrumento de convivencia y como cumplimiento del acuerdo de investidura. La validación del TC cierra judicialmente el debate y elimina la mayor amenaza legal sobre la norma. El Ejecutivo puede ahora decir que la amnistía es constitucional sin que ningún tribunal pueda contradecirle.
El PP y los gobiernos autonómicos Recurrieron para trasladar el debate al terreno judicial y mantener vivo el rechazo político a la norma. El fracaso de todos los recursos les deja sin vía institucional de impugnación. El debate seguirá en el ámbito electoral, que es donde el PP tiene más capacidad de movilizar a su electorado con este argumento.
Junts y los independentistas Obtienen con la amnistía el archivo de causas penales pendientes. Pero la vuelta de Puigdemont a España no se ha producido, lo que genera dudas sobre si los juzgados están aplicando la norma con el alcance que los beneficiados esperaban o si existen interpretaciones restrictivas que la vacían de efecto práctico.
El TC cierra la vía judicial, pero el debate político sigue abierto
Cómo lo han contado otros medios
La cobertura se dividió de forma predecible: medios críticos con el Gobierno destacaron los dos artículos declarados inconstitucionales como prueba de que la ley "vulnera la Constitución"; medios afines al acuerdo de investidura destacaron que la ley en su conjunto fue validada. Ambos marcos son parcialmente correctos y parcialmente selectivos. Lo más relevante —que el TC, con la composición que sea, ha cerrado la vía judicial para anular la ley— quedó en segundo plano frente al debate sobre si el tribunal es o no imparcial. Ese debate sobre la composición del TC es legítimo, pero no altera el efecto jurídico de sus sentencias.
Una ley puede ser políticamente discutible y constitucionalmente válida al mismo tiempo. El TC resuelve la segunda pregunta. La primera la resuelven las elecciones.
Lo que queda abierto
- ¿Cómo están aplicando los juzgados ordinarios la amnistía a los casos concretos? La ley está validada, pero su alcance real depende de interpretaciones caso a caso que siguen produciéndose con resultados dispares.
- ¿Regresará Puigdemont a España? Es la prueba práctica de si la amnistía funciona como él esperaba. Su ausencia casi un año después de la aprobación de la ley es el dato más elocuente sobre cómo percibe los riesgos jurídicos reales.
- ¿Trasladará el PP el debate exclusivamente al terreno electoral, asumiendo que la vía judicial está agotada, o buscará nuevos instrumentos institucionales de presión?
Cómo verificamos este artículo
La sentencia STC 137/2025 (26 junio 2025, 6 votos a 4) y los artículos declarados inconstitucionales están verificados en el texto oficial del Tribunal Constitucional y en la cobertura de El País, El Español y Vozpópuli. El seguimiento de los recursos autonómicos rechazados hasta abril de 2026 se basa en las resoluciones publicadas por el TC y en la cobertura de agencias. La STC 164/2025 (cuestión de inconstitucionalidad del TS) está igualmente documentada. Las motivaciones son incentivos observables, no intenciones confirmadas. Errores: redaccion@horadedespertar.org