España cumple 3 años sin presupuestos propios. El Gobierno gobernará por decreto en lugar de por ley
Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 siguen en vigor en 2026. El Gobierno de Sánchez no tiene los votos para aprobar unos nuevos, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmó el 27 de abril que no habrá intento este año. Es la primera vez en la democracia española que una legislatura completa pasa sin presupuesto propio. Mientras tanto, el Gobierno ha previsto 131 decretos para hacer por orden ejecutiva lo que no puede hacer por ley.
Lo que necesitas saber primero
¿Qué significa que los presupuestos estén 'prorrogados'?
Cuando el Congreso no aprueba unos presupuestos nuevos antes del 31 de diciembre, la Constitución española (artículo 134) permite que los del año anterior se prorrroguen automáticamente. No es que el país se quede sin dinero: sigue habiendo ingresos y gastos. El problema es que el Estado no puede aprobar gastos nuevos que no estuvieran en el presupuesto prorrogado. Dicho de otro modo: si en 2023 no había dinero presupuestado para un tren nuevo o una nueva escuela, en 2026 tampoco se puede aprobar ese gasto —aunque el Gobierno quiera y haya dinero—. Las únicas excepciones son los decretos de urgencia (Decreto-Ley), pero tienen limitaciones legales.
¿Qué son los decretos y por qué son un sustituto imperfecto del presupuesto?
Un Decreto-Ley es una norma con rango de ley que el Gobierno puede aprobar sin el Congreso en casos de 'extraordinaria y urgente necesidad' (artículo 86 de la Constitución). El problema: el Congreso debe convalidarlo en 30 días y puede rechazarlo (como pasó con el RDL 8/2026 del alquiler). Además, los decretos no pueden afectar a derechos fundamentales, al sistema electoral ni a los presupuestos del Estado de forma estructural. El Gobierno puede usar decretos para subir el salario mínimo, prorrogar ayudas o regular sectores concretos, pero no puede construir infraestructuras, contratar funcionarios ni financiar proyectos plurianuales sin un presupuesto aprobado.
¿Cuánto cuesta no tener presupuestos nuevos en términos concretos?
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) calculó en abril de 2026 que la prórroga presupuestaria genera un déficit de inversión en infraestructuras de aproximadamente 15.000 millones de euros anuales respecto a lo que España necesitaría invertir para cumplir sus compromisos europeos (fondos Next Generation UE, Plan de Recuperación). La Comisión Europea ha advertido formalmente a España en dos ocasiones (septiembre 2025 y febrero 2026) de que el ritmo de ejecución de los fondos Next Generation es insuficiente. Si España no ejecuta los fondos en el plazo previsto (hasta 2026), parte de ellos puede perderse o requerir devolución.
España cumple 3 años sin presupuestos propios. El Gobierno gobernará por decreto en lugar de por ley
Los hechos
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, declaró el 27 de abril de 2026 que el Gobierno no tiene previsto presentar los Presupuestos Generales del Estado 'en este momento'. La declaración confirmó lo que los analistas ya asumían: 2026 será el tercer año consecutivo con los presupuestos de 2023 en vigor. España nunca había llegado a tres años consecutivos con presupuestos prorrogados en toda la historia de la democracia (desde 1978).
El Gobierno tiene previsto aprobar 131 decretos a lo largo de 2026 para implementar medidas de política económica y social sin necesidad de la aprobación parlamentaria previa. Entre los decretos previstos, según fuentes del Gobierno citadas por El Confidencial, se encuentran la regulación del alquiler vacacional, medidas de apoyo a la industria electrointensiva y una nueva norma sobre inteligencia artificial.
El bloqueo presupuestario es una consecuencia directa de la aritmética parlamentaria del Congreso. El Gobierno de coalición PSOE-Sumar tiene 153 escaños sobre 350. Para aprobar un presupuesto necesita 176. Los apoyos de Junts (7 escaños) son intermitentes: Junts tumbó el decreto de alquiler en abril y ha señalado que no apoyará los PGE sin avances en el reconocimiento de Cataluña. El PNV (5 escaños) condiciona su apoyo a partidas específicas para el País Vasco.
La Comisión Europea publicó el 14 de mayo de 2026 su evaluación semestral de los países miembros. En el caso de España, señaló que el país estaba 'en riesgo de incumplimiento' del calendario de ejecución de los fondos Next Generation UE, vinculando el problema al bloqueo presupuestario.
El contexto
Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 (los últimos aprobados) se aprobaron con los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, PNV y algunos grupos menores. Desde entonces, el panorama parlamentario ha cambiado radicalmente: ERC ha roto su apoyo al Gobierno, Bildu ha condicionado el suyo a avances en el modelo de financiación vasco, y Junts ha adoptado una estrategia de presión permanente.
La historia parlamentaria española tiene precedentes de gobiernos con dificultades presupuestarias, pero nunca de duración comparable. El récord anterior era de dos años consecutivos con presupuestos prorrogados (2017-2018, durante el primer gobierno de Sánchez en minoría). El Gobierno de Aznar entre 1996 y 2000 también gobernó con presupuestos ajustados con apoyos variables, pero siempre aprobó los PGE de cada año.
El impacto en la inversión pública es especialmente relevante en un momento en que España tiene comprometidos 163.000 millones de euros en fondos europeos Next Generation (PERTE Chip, PERTE Agroalimentario, fondos de digitalización y transición energética) que requieren cofinanciación presupuestaria española. Sin presupuesto actualizado, la cofinanciación puede no estar disponible.
Las motivaciones posibles
Los incentivos que siguen son observables a partir de posiciones públicas. No son intenciones confirmadas.
Lo que los datos no dicen solos
Cómo lo han contado otros medios
Los medios económicos (Expansión, Cinco Días) cubrieron el bloqueo presupuestario con énfasis en el riesgo de ejecución de los fondos Next Generation y el déficit de inversión en infraestructuras. La prensa generalista tendió a enmarcar el tema como 'Gobierno en minoría parlamentaria' sin entrar en los efectos concretos de la prórroga. El ángulo de que es la primera vez en la democracia española que ocurre algo así apenas apareció en portadas, aunque es el hecho más relevante desde una perspectiva histórica.
Lo que queda abierto
- ¿Puede el Gobierno ejecutar los fondos Next Generation sin un presupuesto actualizado?
- ¿Tiene la Comisión Europea mecanismos para sancionar a España por el retraso en la ejecución?
- ¿Cuándo es el punto en que el coste político de la prórroga supera el coste de intentar aprobar un presupuesto sabiendo que puede fracasar?
Si el Gobierno puede gobernar con 131 decretos en lugar de con un presupuesto, ¿qué diferencia real tiene para la ciudadanía que no haya Presupuestos Generales del Estado?
Cómo verificamos este artículo
Fuentes: Félix Bolaños, declaración pública (27 abril 2026, 'no es el momento'); El Confidencial (mayo 2026, 131 decretos previstos); IEE — Instituto de Estudios Económicos (abril 2026, cálculo déficit inversión infraestructuras 15.000M€); Comisión Europea (14 mayo 2026, evaluación semestral España, riesgo incumplimiento Next Generation); Constitución Española, artículos 86 y 134 (texto vigente). Las motivaciones recogidas son incentivos observables a partir de posiciones públicas documentadas. Errores o información adicional: redaccion@horadedespertar.org