El juicio del caso Koldo queda visto para sentencia: 24 años pedidos para Ábalos, 3 versiones contradictorias y un audio que no esperaban
Tras 14 sesiones ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el juicio oral al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama entra hoy en recta final con los informes de acusaciones y defensas. La Fiscalía mantiene 24 años para Ábalos y no concede rebajas. Aldama llegó con audios, con la acusación a Pedro Sánchez como "escalafón 1" de la trama y con un relato que el exministro lleva días desmontando pieza a pieza. Tres versiones del mismo relato que ahora tiene que resolver un tribunal.
Quién es quién y de qué se les acusa
La trama: mascarillas, comisiones y pandemia
El "caso Koldo" tiene su origen en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19 en 2020 por parte del Ministerio de Transportes, liderado entonces por José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el exministro adjudicó contratos por valor de decenas de millones de euros a empresas intermediadas por Víctor de Aldama, comisionista sin especialización en material sanitario, a cambio de pagos en efectivo, regalos y servicios. El nombre "caso Koldo" viene de Koldo García Izaguirre, asesor personal de Ábalos, que actuó supuestamente como enlace entre el ministro y el comisionista. La investigación se amplió posteriormente para incluir otras operaciones: la venta del cuartel general de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y presuntos pagos para financiar al PSOE.
Los tres acusados: roles distintos, estrategias opuestas
José Luis Ábalos fue ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre junio de 2018 y julio de 2021. Es el acusado con mayor rango institucional y la pena más alta solicitada. Su estrategia en el juicio ha sido negar cualquier conocimiento de los pagos y presentarse como víctima de un proceso político. Koldo García Izaguirre fue asesor personal de Ábalos desde antes de que este fuera ministro. La Fiscalía lo sitúa como intermediario operativo entre Ábalos y Aldama. Su defensa sostiene que actuaba como ejecutor de instrucciones, sin capacidad de decisión. Víctor de Aldama es el único acusado que ha aceptado parcialmente el relato de la Fiscalía. Calificado como "testigo colaborador", ha aportado documentos, audios y un relato que extiende las acusaciones más allá de los otros dos imputados, llegando hasta Pedro Sánchez.
Las peticiones fiscales: lo que se juega cada acusado
El Ministerio Fiscal, a través del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, mantiene sus peticiones sin modificaciones a 6 de mayo de 2026: 24 años de prisión para Ábalos por delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal; 19 años y 6 meses para Koldo García por los mismos tipos; 7 años para Víctor de Aldama, con posibilidad de reducción si el tribunal aprecia la atenuante de confesión, aunque la Fiscalía ha decidido no solicitar esa reducción en sus informes finales. Anticorrupción rechazó aplicar la atenuante "muy cualificada" que habría reducido significativamente la pena de Aldama, pese a que la acusación popular (ejercida por el PP) sí la solicitó, argumentando que la colaboración de Aldama fue "decisiva" para el proceso.
Catorce sesiones, tres relatos que no encajan
Aldama: 4 millones, un audio y Sánchez en la diana
Víctor de Aldama declaró el 28 de abril en una sesión que duró más de cuatro horas. Las acusaciones más relevantes que sostuvo ante el tribunal: que entregó entre 3,5 y 4 millones de euros en total a Ábalos y Koldo García a lo largo de varios años, en concepto de comisiones por adjudicaciones de contratos públicos; que abonó 10.000 euros mensuales adicionales para gastos corrientes; que parte de ese dinero estaba destinado a financiar donaciones al PSOE y a la Internacional Socialista, vía "cuotas de petróleo" procedentes de Venezuela. Señaló a Pedro Sánchez como "escalafón 1" de la organización presuntamente criminal y a Ábalos como el número dos con capacidad de "dar y otorgar". Presentó además un audio que él mismo había grabado: una conversación entre Koldo García y Ábalos del 9 de abril de 2019 en la que ambos habrían pactado el reparto de comisiones por la venta del cuartel general de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La admisión de ese audio por parte del tribunal generó tensión en la sala.
Koldo García: el ejecutor que dice que solo ejecutaba
Koldo García declaró el 29 y 30 de abril. Su estrategia fue coherente: presentarse como una figura de gestión diaria sin capacidad de decisión real sobre contratos o adjudicaciones. Explicó que "resolvía problemas" del ministro, que gestionaba la agenda, los gastos y asuntos logísticos, y que "Ábalos era el que mandaba". Confirmó algunos aspectos del relato de Aldama —como que conocía al comisionista y que había habido contactos— pero negó haber recibido dinero o haber participado en acuerdos corruptos. El audio del 9 de abril de 2019, cuya voz una de las partes identifica como suya, es el elemento más difícil de desmontar en su declaración.
Ábalos: seis horas de declaración y una estrategia de demolición
José Luis Ábalos declaró el 4 y 5 de mayo durante aproximadamente seis horas. Su intervención tuvo tres ejes: primero, negar categóricamente haber recibido dinero de Aldama ("no he cobrado de Aldama y no hay ninguna evidencia en absoluto de ello"); segundo, desacreditar sistemáticamente el relato del comisionista, acusándolo de "mentir" en varios puntos concretos; tercero, cuestionar la legitimidad del proceso, describiéndolo como "claramente mediático". Ábalos también reconoció durante el interrogatorio que había ordenado buscar más ofertas para el contrato de mascarillas "para que quedase bien" el expediente, dato que la prensa recogió como admisión de que el proceso fue manipulado. Ábalos sostuvo que esa búsqueda era un procedimiento normal. La Fiscalía lo interpreta como evidencia de que el exministro era consciente de que el contrato original era irregular. La Fiscalía descartó expresamente en sus informes finales que Pedro Sánchez fuera el líder de la presunta organización, como había acusado Aldama.
Los informes finales y lo que queda visto para sentencia
Qué ocurre en la sesión de hoy
La jornada del 6 de mayo es la decimocuarta y previsiblemente última del juicio oral. El esquema de la sesión: los informes finales de todas las partes acusadoras (Fiscalía Anticorrupción, acusación popular ejercida por el PP) y a continuación los informes de las defensas de los tres acusados. Una vez concluidos los informes, el presidente de la Sala Segunda concedería la palabra a los acusados para el trámite de "última palabra" antes de declarar el juicio concluso. El procedimiento quedará entonces "visto para sentencia", lo que en la práctica significa que el tribunal deliberará durante semanas o meses antes de publicar el fallo. No hay plazo legal máximo para deliberar, aunque la complejidad del caso hace prever que la sentencia no llegará antes del otoño de 2026.
La posición final de la Fiscalía: más datos incriminatorios para Ábalos
El fiscal jefe Alejandro Luzón comenzó su informe final añadiendo nuevos datos incriminatorios contra Ábalos y Koldo García, según la cobertura en directo de El Español. La Fiscalía mantiene íntegramente sus peticiones: 24 años para Ábalos, 19 años y 6 meses para Koldo García, 7 años para Aldama. El Ministerio Fiscal rechazó aplicar la atenuante muy cualificada de confesión a Aldama, argumentando que su colaboración, aunque relevante, fue interesada y no supone el nivel de arrepentimiento que exige la aplicación de esa circunstancia en su grado más favorable. Esta posición contrasta con la de la acusación popular (PP), que sí solicitó la atenuante para Aldama, considerando que su colaboración fue "decisiva" para el esclarecimiento de los hechos.
Lo que dice cada defensa
La defensa de Ábalos sostiene que no existe prueba directa de que el exministro recibiera dinero o diera instrucciones a cambio de adjudicaciones. Su argumento central es que Aldama es un testigo interesado —aspira a reducir su pena— y que su relato carece de corroboración documental independiente. La defensa de Koldo García mantiene la misma línea: ausencia de prueba directa sobre pagos recibidos, y responsabilidad delegada en otros. La defensa de Aldama tiene el perfil opuesto: acepta en gran medida el relato acusatorio, pero insiste en la atenuante de confesión muy cualificada como base para una pena mínima que no implique reingreso en prisión. Aldama ya estuvo en prisión provisional durante la instrucción del caso.
Motivaciones observables
Ábalos tiene incentivo para mantener la negación total: cualquier admisión parcial sería aprovechada por la Fiscalía para construir una condena por cohecho o tráfico de influencias, incluso sin el delito de organización criminal. Koldo García tiene incentivo para desvincularse lo máximo posible de las decisiones: si el tribunal acepta que era un ejecutor sin autonomía, su pena podría quedar por debajo de lo solicitado. Aldama tiene incentivo para maximizar la credibilidad de su testimonio —cuantos más hechos se prueben, más valiosa fue su colaboración— y para que el tribunal aprecie la atenuante que la Fiscalía le niega pero la acusación popular le concede. La Fiscalía tiene incentivo institucional para no rebajar las peticiones que constan en el escrito de acusación sin elementos de prueba nuevos que lo justifiquen.
Lo que importa, lo que los medios polarizan y lo que queda sin respuesta
El problema central del tribunal: tres versiones que no se pueden reconciliar
El fallo del Supremo tendrá que resolver una contradicción fundamental: Aldama dice que pagó y Ábalos dice que no cobró. Ambos no pueden tener razón. El tribunal no tiene la grabación de los supuestos pagos en efectivo —por definición, no existen— pero sí tiene el audio del 9 de abril de 2019, que sugiere que Koldo y Ábalos discutían comisiones, y los indicios reunidos por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) durante la instrucción. La prueba indiciaria es la única disponible para los pagos en efectivo: eso significa que el tribunal tendrá que valorar la credibilidad global del relato de cada acusado. En el derecho penal español, la presunción de inocencia exige que la condena sea "más allá de toda duda razonable". La fragilidad probatoria —mucho indicio, poco documento— es el argumento nuclear de las defensas.
El papel de Aldama como testigo colaborador y sus limitaciones
Aldama ocupa una posición procesal ambigua: es acusado (tiene interés en reducir su pena) y es la principal fuente de cargo contra Ábalos y Koldo (tiene interés en que el relato acusatorio sea creído). En el derecho español, la declaración de un coacusado puede ser prueba de cargo si va acompañada de corroboración objetiva. El audio SEPI es un elemento de corroboración parcial. Pero si el tribunal considera que Aldama ha exagerado o inventado partes de su relato —como sugiere Ábalos— el efecto puede ser el contrario: hacer menos creíble el conjunto de su declaración. El precedente del caso Kitchen, donde también hubo testigos con intereses propios, muestra que los tribunales españoles son cautelosos con los testimonios de imputados que buscan rebajas de pena.
Cómo lo están cubriendo los medios
La polarización mediática en este caso es máxima. Los medios cercanos al PP (El Español, El Debate, Voz Pópuli) cubren el juicio como una confirmación de la corrupción del gobierno socialista y destacan cada acusación de Aldama contra Sánchez. Los medios más cercanos al gobierno (El País, eldiario.es) resaltan que la Fiscalía descartó expresamente a Sánchez como líder de la trama y que el relato de Aldama no ha sido corroborado en sus puntos más graves. Ambas lecturas son parcialmente correctas: la Fiscalía sí descartó a Sánchez, y Aldama sí entregó un audio que tiene valor probatorio. Lo que ningún medio está haciendo con suficiente énfasis es explicar que la sentencia puede llegar meses después y que las acusaciones en un juicio oral no equivalen a hechos probados.
Lo que queda abierto
- ¿Admitirá el tribunal el audio SEPI como prueba plena o la descartará por la forma en que fue obtenido por Aldama? La admisión en sala no prejuzga el peso que el fallo le otorgue.
- ¿Aplicará el tribunal la atenuante muy cualificada de confesión a Aldama? Si lo hace en contra de la Fiscalía, siguiendo a la acusación popular (PP), la pena efectiva podría reducirse a menos de 3 años, lo que en la práctica impediría el ingreso en prisión.
- ¿Quedarán hechos sin juzgar que puedan dar lugar a una causa separada? La instrucción inicial investigó ramificaciones en varias comunidades autónomas. No todo lo investigado llegó a este juicio oral.
- ¿Qué ocurre con la causa paralela del "caso Koldo" en el Juzgado Central de Instrucción, que investiga a otros imputados no incluidos en este juicio oral?
Si la Fiscalía pide 24 años para un exministro y el tribunal condena por debajo de esa cifra —lo que ocurre en la mayoría de los casos complejos— ¿cómo debe leer la ciudadanía una pena de, pongamos, 8 años: como condena de la corrupción o como exoneración parcial del cargo más grave?
Cómo verificamos este artículo
Fuentes primarias verificadas el 6 de mayo de 2026: El Español (cobertura en directo de la recta final del juicio, 6 mayo 2026; artículo sobre datos incriminatorios del fiscal Luzón, 6 mayo 2026), Infobae España (resumen de declaración de Ábalos, 5 mayo 2026; declaración de Aldama con 4 millones de euros, 29 abril 2026; Fiscalía mantiene petición de 24 años, 4 mayo 2026), El Español (audio SEPI Koldo-Ábalos presentado por Aldama, 3 mayo 2026; Ábalos entra en escena y desacredita a Aldama, 5 mayo 2026), ElNacional.cat (Fiscalía descarta a Sánchez como líder de la trama, 6 mayo 2026), eldiario.es (Anticorrupción en su informe sobre rebaja de pena Aldama, 6 mayo 2026), Voz Pópuli (directo del juicio, declaración de Koldo García, 29-30 abril 2026), Mundiario (caso Koldo entra en fase final, 6 mayo 2026). Las peticiones fiscales (24 años Ábalos, 19,5 Koldo, 7 Aldama) constan en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal depositado en el Tribunal Supremo, citado en todos los medios mencionados. Los hechos del audio SEPI proceden de El Español que cita la fecha de la grabación (9 de abril de 2019) identificada en el proceso. Las motivaciones descritas son incentivos procesales observables, no intenciones atribuidas. Errores o información adicional: redaccion@horadedespertar.org