España y el 2% de defensa: quién gana cuando le compramos misiles a Estados Unidos
El debate político sobre el gasto militar español se reduce a si llegamos o no al 2% del PIB. Nadie está preguntando lo más importante: a quién le compramos, qué queda en España de ese dinero, y por qué seguimos adquiriendo sistemas de armas americanos sin exigir que una parte se fabrique aquí. La respuesta incomoda a todos los partidos.
Tres conceptos que el debate político sobre defensa nunca te explica
Gasto en defensa como % del PIB: qué incluye y qué no
El 2% del PIB que la OTAN pide a sus miembros no tiene una definición única y estricta. Cada país puede contabilizar distintas partidas: el presupuesto del Ministerio de Defensa es la base, pero se pueden incluir pensiones del personal militar retirado, gastos de la Guardia Civil (en España se incluye una parte), inversiones en I+D de aplicación dual (civil y militar), o infraestructuras que sirven también al Ejército. Esto significa que dos países que dicen gastar el 2% pueden tener estructuras de gasto muy distintas en la práctica. España en 2024 declaró un 1,28% del PIB en defensa según las estadísticas de la OTAN, pero ese cálculo excluye algunas partidas que otros países sí computan.
EDTIB: la base industrial de defensa europea que nadie menciona
La EDTIB (European Defence Technological and Industrial Base) es el conjunto de empresas, centros de investigación e infraestructuras que producen armamento y tecnología militar en la Unión Europea. Incluye empresas como Airbus Defence, Thales, Leonardo, MBDA, y en España: Indra, Navantia, y la participación española en Airbus. La EDTIB es relevante porque cuando un país europeo compra armamento americano en vez de europeo, el dinero se va fuera del continente, no genera empleo ni tecnología en Europa, y aumenta la dependencia estratégica de EEUU. La UE lleva años intentando potenciar la EDTIB con fondos europeos de defensa, pero las compras nacionales siguen siendo mayoritariamente de origen americano.
Offset industrial: el mecanismo que España casi nunca usa
Cuando un país compra un sistema de armas extranjero, puede negociar un offset industrial: una cláusula que obliga al proveedor a subcontratar una parte de la fabricación o del mantenimiento en el país comprador. Por ejemplo, si España compra misiles PAC-3 a Raytheon por 2.000 millones de euros, podría exigir que una parte de las piezas se fabrique en plantas españolas o que el mantenimiento de los sistemas se haga por empresas españolas. Esto permite que parte del gasto en defensa genere empleo e industria local. EEUU acepta offsets en muchos contratos con aliados. España ha negociado algunos (el programa F-18 incluyó participación de CASA, hoy Airbus España), pero raramente los exige de forma sistemática y ambiciosa.
España va a gastar miles de millones más en defensa. La pregunta es: ¿en qué y a quién?
Los hechos
El presupuesto de Defensa de España para 2026 asciende a 14.100 millones de euros, según el Ministerio de Defensa, un incremento del 26% respecto a 2023. El Gobierno ha comprometido llegar al 2% del PIB para 2029, lo que implicaría alcanzar aproximadamente 20.000 millones de euros anuales, unos 6.000 millones más que ahora.
En ese contexto, España firmó en 2024 y 2025 la compra de baterías de misiles antiaéreos PAC-3 (Patriot Advanced Capability) a la empresa americana Raytheon Technologies, integrada hoy en RTX Corporation, por un importe que según datos recogidos por Xataka se sitúa en el entorno de los 2.000 millones de euros. Los misiles PAC-3 son fabricados por Lockheed Martin; el sistema radar e integración es de Raytheon. Ninguna de las dos empresas tiene fabricación significativa en España. La decisión de compra se tomó en el marco de la presión OTAN para reforzar la defensa aérea, acelerada tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, y no fue sometida a debate parlamentario específico más allá de la aprobación presupuestaria general.
En contraposición, España tiene capacidades industriales propias en defensa que no están recibiendo contratos equivalentes. Indra (empresa en la que el Estado tiene participación a través de la SEPI) fabrica sistemas de radares y mando y control con capacidades comparables en algunos segmentos. Navantia construye fragatas y buques de apoyo con tecnología propia. Airbus España participa en el A400M y en el programa FCAS (avión de combate europeo de nueva generación). Según la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa y Seguridad (TEDAE), el sector de defensa español emplea directamente a unas 25.000 personas e indirectamente a más de 60.000.
El contexto
La relación entre el gasto en defensa y la industria armamentística tiene una lógica política clara que atraviesa todos los gobiernos: comprar americano tiene un coste político bajo (satisface a Washington, no genera polémica interna en partidos con base atlantista) y un coste económico alto (el dinero sale del país). Comprar europeo o nacional tiene más fricción política (requiere coordinación con socios europeos, plazos más largos) pero genera más retorno industrial.
La guerra en Ucrania ha acelerado la urgencia del rearme europeo y ha creado una oportunidad para la industria de defensa europea: los países miembro de la OTAN están aumentando sus presupuestos simultáneamente, lo que justifica inversiones en capacidad productiva que antes no serían rentables. La UE ha creado el Fondo Europeo de Defensa (FED) con 7.900 millones de euros para el período 2021-2027, precisamente para incentivar que ese gasto adicional vaya a industria europea. Pero la inercia de los contratos de Estado con empresas americanas es enorme: los sistemas ya comprados necesitan mantenimiento, munición y repuestos del mismo proveedor durante décadas.
El debate en España tampoco incluye la pregunta sobre para qué se arma el país. La estrategia de seguridad nacional publicada en 2021 identifica amenazas (terrorismo, ciberataques, crimen organizado, proliferación nuclear), pero no establece un modelo de fuerzas armadas con capacidades concretas que justifiquen los sistemas de armas adquiridos. Sin ese debate estratégico, el incremento del gasto en defensa es principalmente una respuesta a presión exterior, no a una doctrina propia.
Las motivaciones posibles
EEUU / industria armamentística americana (Lockheed Martin, Raytheon/RTX) tiene un incentivo claro en que España y otros aliados europeos aumenten su gasto en defensa y compren sistemas americanos. Eso genera contratos de fabricación, mantenimiento y munición durante décadas, y crea dependencia tecnológica que refuerza la influencia geopolítica de Washington.
Gobierno Sánchez tiene incentivo para subir el gasto en defensa lo suficiente como para aplacar la presión de Trump y la OTAN, sin que la subida sea tan visible que genere rechazo en su base electoral pacifista. La compra de misiles PAC-3 se presenta como una necesidad de seguridad colectiva, no como un negocio.
Industria española de defensa (Indra, Navantia, Airbus España) tiene incentivo para que el gasto adicional se oriente a capacidades nacionales o europeas, lo que les generaría contratos y empleo. Indra lleva años reclamando una política de compras que priorice la industria nacional en los segmentos donde España tiene competencia probada.
PP (oposición) tiene incentivo para criticar que España no llega al 2% —algo que le sitúa en la misma posición que Washington y la OTAN— sin entrar en el debate de a quién se le compra, porque ese debate podría dividir a su electorado atlantista de su electorado más soberanista.
El 2% del PIB en defensa puede ser una palanca para la industria española o un cheque en blanco para la americana. Esa elección no se está debatiendo.
Cómo lo han contado otros medios
La cobertura del gasto en defensa en España ha tenido dos grandes marcos: el de la izquierda (elDiario.es, Público), que cuestiona el rearme en general y lo encuadra como militarismo al servicio de EEUU, y el de la derecha (ABC, El Mundo), que critica al Gobierno por no llegar antes al 2% sin cuestionar a quién se le compra el armamento. Medios especializados en tecnología e industria (Xataka, Infodefensa) han cubierto los contratos concretos como noticias sectoriales, sin el análisis político de qué modelo industrial implican.
Lo que falta en prácticamente todos es el análisis del retorno económico: de los 14.100 millones de presupuesto de defensa de 2026, ¿cuántos euros se quedan en España en forma de empleo, I+D y contratos industriales, y cuántos salen del país? Esa cifra existe y podría calcularse, pero ningún medio la ha publicado de forma sistemática ni el Gobierno la ha comunicado.
España va a gastar entre 6.000 y 10.000 millones de euros más al año en defensa antes de 2030. Que ese dinero genere industria y empleo español o se vaya a Lockheed Martin no es un detalle técnico: es la diferencia entre una política de defensa y un cheque en blanco.
Lo que queda abierto
- ¿El contrato de compra de misiles PAC-3 incluye alguna cláusula de offset industrial que obligue a Raytheon o Lockheed a fabricar o mantener componentes en España?
- ¿Cuánto del incremento de gasto en defensa previsto hasta 2029 está ya comprometido en contratos con empresas americanas versus europeas o españolas?
- ¿Existe en el Ministerio de Defensa o en el Congreso algún análisis público del retorno económico industrial del presupuesto de defensa, desglosado por país de origen del proveedor?
Cómo verificamos este artículo
Fuentes: NATO Defence Expenditure statistics 2025 (datos de gasto en defensa por país miembro, incluyendo metodología de cálculo); Ministerio de Defensa de España, Presupuestos Generales del Estado 2026; Xataka (datos sobre compra de misiles PAC-3 Patriot, 2024-2025); TEDAE (datos de empleo de la industria de defensa española); Fondo Europeo de Defensa — Comisión Europea (dotación 2021-2027); Estrategia de Seguridad Nacional de España 2021 (Presidencia del Gobierno). Las motivaciones se describen como incentivos observables basados en declaraciones públicas, posiciones históricas y estructura de contratos verificables. Errores o correcciones: redaccion@horadedespertar.org