El Congreso vota hoy el decreto de alquiler: Junts decide si dos millones de inquilinos mantienen su protección o la pierden
El decreto de Sumar que prorroga durante dos años los contratos de alquiler que vencen hasta 2027 y mantiene el tope del 2% en las subidas se vota hoy en el Congreso. Sin los votos de Junts, PP y Vox suman mayoría suficiente para tumbarlo. Si cae, los inquilinos que ya solicitaron la prórroga quedan en situación de incertidumbre jurídica. En Madrid, las familias dedican más del 70% de sus ingresos al alquiler.
Tres piezas para entender qué se vota hoy
Decreto-ley y convalidación: cómo funciona el mecanismo
El Gobierno puede aprobar normas con rango de ley de forma urgente mediante decreto-ley, sin pasar por el proceso legislativo ordinario. Pero la Constitución exige que el Congreso convalide ese decreto en los 30 días siguientes —o queda derogado automáticamente—. En la votación de convalidación no se puede enmendar el texto: solo se vota sí (queda en vigor) o no (queda sin efecto desde ese momento). Es un mecanismo pensado para situaciones de urgencia, pero se usa con frecuencia como herramienta política.
Qué contiene el decreto en cuestión
El decreto de Sumar aprobado en Consejo de Ministros el 15 de abril incluye tres medidas principales: prórroga automática de dos años para contratos de alquiler de vivienda habitual que vencen entre mayo de 2026 y diciembre de 2027 (si el inquilino la solicita); tope máximo del 2% en la subida de la renta durante esa prórroga; y prohibición de que los propietarios repercutan en el inquilino los gastos de la agencia inmobiliaria en contratos de más de doce meses. Afecta a aproximadamente 2,1 millones de contratos de alquiler en España.
La crisis de vivienda: los números que explican por qué esto importa
El precio medio del alquiler en España subió un 14,3% en 2025, según el INE. En Madrid capital, el precio medio de un piso de dos habitaciones supera los 1.800 euros al mes —en zonas como Chamberí o Malasaña, los 2.400—. El salario medio en Madrid ronda los 2.500 euros brutos. Sánchez declaró que el 60% de la desigualdad en España proviene de la vivienda. La Unión Europea considera que un hogar tiene problema de acceso a la vivienda cuando destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. En Madrid, más de la mitad de los inquilinos superan ese umbral.
La aritmética parlamentaria, las posiciones y los incentivos de cada actor
La aritmética del Congreso
El Congreso tiene 350 diputados. Para tener mayoría absoluta se necesitan 176. El PSOE y sus socios habituales (Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y otros grupos minoritarios) suman en torno a 172 escaños. PP y Vox suman aproximadamente 137. Junts tiene 7 diputados. Su posición es la que decide el resultado: si vota con la izquierda, el decreto se convalida; si vota con PP y Vox, o se abstiene, el decreto cae. La abstención tiene el mismo efecto que el voto en contra en una convalidación, porque impide alcanzar la mayoría necesaria.
Las posiciones declaradas
El ministro de Vivienda, Pablo Bustinduy (Sumar), confió el lunes en que el acuerdo era "todavía posible" y describió el decreto como "la medida de vivienda más importante del año". El Gobierno ofreció a Junts una enmienda de tramitación como proyecto de ley —lo que permitiría modificar el texto en comisión— pero Junts exige compromisos previos en materia de financiación autonómica que el PSOE no ha aceptado. PP tachó el decreto de "intervencionismo que espantará a los propietarios y reducirá la oferta". Vox pidió su derogación.
Los incentivos observables de cada actor
Junts: su posición en el decreto de alquiler es instrumental. Lo que negocia Junts no es la política de vivienda —Puigdemont ha dicho en varias ocasiones que prefiere soluciones de mercado—, sino concesiones del Gobierno en financiación singular para Cataluña. El decreto de alquiler es un rehén en esa negociación más amplia.
Gobierno (PSOE-Sumar): Sumar necesita el decreto para mantener su credibilidad ante su electorado urbano más joven. El PSOE necesita evitar la imagen de un gobierno incapaz de aprobar sus propias medidas. Ambos tienen incentivos para el acuerdo, pero sus márgenes de concesión a Junts son distintos.
PP: votar en contra del decreto le permite diferenciarse del Gobierno y alinearse con los propietarios —un segmento electoral relevante para el PP—. Al mismo tiempo, si el decreto cae y los precios suben más, puede acumular desgaste en el medio plazo.
Propietarios e inquilinos: las asociaciones de propietarios (ASVAL, Unión de Créditos Inmobiliarios) llevan semanas haciendo lobby contra el decreto, argumentando que desincentiva la oferta. Las plataformas de inquilinos (Sindicat de Llogateres, APAS) han convocado concentraciones ante el Congreso esta mañana.
Cómo se ha contado y qué queda pendiente
Cómo lo han contado los grandes medios
La cobertura de los grandes diarios ha seguido principalmente el eje político —¿qué hará Junts?— con escasa atención a las consecuencias prácticas para los inquilinos concretos. El País y elDiario.es han dado más espacio a las asociaciones de inquilinos. El Mundo y La Razón han publicado opiniones y noticias más favorables a la posición de los propietarios. Lo que se ha contado poco: qué pasará con los inquilinos que ya solicitaron la prórroga si el decreto cae —su situación jurídica es compleja y los expertos no se ponen de acuerdo—. Y la dimensión europea: Portugal, Alemania, Países Bajos y Francia han aprobado medidas similares en los últimos dos años, con resultados mixtos según el contexto local.
Qué queda por ver
El resultado de la votación se conocerá esta tarde. Si el decreto cae, el Gobierno ha anunciado que explorará vías alternativas —una proposición de ley ordinaria, que tardaría meses en tramitarse—. El mercado de alquiler responderá en semanas: si los propietarios perciben que la amenaza regulatoria retrocede, es probable que algunos suban los precios de los contratos que vencen próximamente antes de que llegue una nueva normativa. Si el decreto se salva por los votos de Junts, la negociación sobre financiación catalana continuará bajo la presión del siguiente decreto que el Gobierno necesite convalidar.
Cuando una medida de política social depende del apoyo de un partido que negocia sobre asuntos completamente diferentes, ¿qué dice eso sobre el funcionamiento real de un parlamento fragmentado? ¿Es eso negociación o es chantaje institucionalizado?
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Los datos de precios de alquiler proceden del INE y del portal Idealista (abril 2026). Las cifras de escaños corresponden a la composición del Congreso tras las últimas elecciones generales. Las posiciones declaradas se basan en ruedas de prensa y notas de prensa oficiales hasta las 9:00 del 28 de abril de 2026. El resultado de la votación no se conocía al cierre de esta edición.