El Parlamento Europeo pide a España que no cierre Almaraz hasta 2040: qué significa, qué puede hacer el Gobierno y por qué ahora
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó hoy una recomendación para que España suspenda el cierre previsto de la central nuclear de Almaraz —el primer reactor se apaga en noviembre de 2027— y evalúe extender su vida hasta al menos 2040. La recomendación no es jurídicamente vinculante. Pero llega cuando el Estrecho de Ormuz lleva dos meses cerrado, el gas natural en Europa está al máximo desde 2022 y tres de cada cuatro países de la UE han revertido o pospuesto sus cierres nucleares. Qué puede hacer el Gobierno, quién paga qué y cuál es el debate real detrás del debate político.
Almaraz, el cierre de 2027 y qué pasaría si se apaga
Qué es Almaraz y cuánto pesa en el sistema eléctrico español
La Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) es la planta nuclear más grande de España: dos reactores de agua a presión con una potencia conjunta de 1.900 megavatios eléctricos (MWe). En 2024 generó el 7,2% de toda la electricidad consumida en España, según REE (Red Eléctrica de España). A diferencia de las renovables, la nuclear genera de forma constante, las 24 horas del día, independientemente de si hay sol o viento. Ese perfil de generación "base" es irreemplazable a corto plazo: una fotovoltaica que genere lo mismo de media necesitaría seis veces más potencia instalada y baterías para cubrir la noche. La central da empleo directo e indirecto a unas 4.000 personas en Extremadura, región con una de las tasas de desempleo más altas de España.
El acuerdo de 2019 y por qué el cierre está pactado con las propias eléctricas
El cierre de Almaraz no lo decidió unilateralmente el Gobierno: es el resultado de un acuerdo firmado en 2019 entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, los sindicatos y las tres empresas propietarias de la planta (Iberdrola, Endesa y Naturgy). El calendario acordado: Reactor 1 se apaga el 1 de noviembre de 2027; Reactor 2 el 31 de octubre de 2028. Parte de la razón para que las eléctricas aceptaran es que el coste de mantener y modernizar las centrales para la seguridad post-Fukushima —exigido por el CSN, Consejo de Seguridad Nuclear— es muy elevado. En octubre de 2025, sin embargo, las mismas tres empresas —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron al Ministerio de Transición Ecológica una prórroga hasta junio de 2030, argumentando riesgos para la estabilidad del sistema eléctrico.
Qué dice la recomendación del PE y qué peso tiene
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó el 6 de mayo de 2026 una recomendación que pide a España: (1) suspender el calendario de cierre, (2) autorizar la prórroga de la vida útil hasta al menos el año 2040 y (3) evaluar "la viabilidad de nuevas prórrogas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales". El informe menciona explícitamente la soberanía energética y el impacto económico local. Esta recomendación no es vinculante: la política energética es competencia exclusiva de los estados miembros según los tratados de la UE (artículo 194 TFUE). El Gobierno español puede ignorarla legalmente. El informe fue impulsado principalmente por grupos de derecha y ultraderecha europeos (ECR, ID, EPP); los grupos de izquierda y verdes votaron en contra.
El contexto que convierte una recomendación en presión real
Europa cambia de posición: el giro nuclear desde 2022
La invasión rusa de Ucrania en 2022 y el consiguiente corte del gas ruso aceleró un giro silencioso en la política energética europea. Francia extendió en 2023 la vida de sus 56 reactores (EDF). Bélgica, que tenía un acuerdo de cierre similar al español, lo pospuso diez años en 2022. Finlandia mantiene su programa nuclear activo. Suecia, que empezó a desmantelar reactores, ha revertido la decisión y aprobado en 2024 construir nuevas centrales. La taxonomía verde de la UE —que clasifica qué inversiones se consideran "sostenibles"— incluyó en 2022 la energía nuclear como actividad de transición válida para el cambio climático. En este contexto, el cierre de Almaraz convierte a España en uno de los pocos países europeos que sigue adelante con una salida nuclear programada.
El factor Ormuz: el peor momento para cerrar una base load
El cierre del estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero ha encarecido el gas natural en Europa hasta niveles no vistos desde el invierno de 2022-2023. El gas natural licuado (GNL) que sustituía al gas ruso transita en parte por Ormuz: el bloqueo ha cortado también esa ruta. España, que depende en mayor medida del gas para la generación eléctrica que la media europea (el gas aportó el 19,2% de la generación en 2024 según REE), es especialmente vulnerable. En este escenario, cerrar Almaraz en 2027 significaría apagar el 7% de la generación base justo cuando el gas de sustitución está en máximos de precio. Eso es lo que el informe del PE llama "impacto en la soberanía energética".
El coste: quién paga qué
Más de 50 organizaciones de la sociedad civil —entre ellas Ecologistas en Acción, Greenpeace España y plataformas antinucleares locales— publicaron un manifiesto exigiendo que el Gobierno "cumpla con el cierre acordado" y alertaron de que prorrogar Almaraz hasta 2040 costaría más de 3.800 millones de euros. Este coste incluye las inversiones de seguridad requeridas por el CSN, mantenimiento de la planta y la gestión de los residuos adicionales generados. Las organizaciones advierten que ese coste recaería en parte sobre los consumidores eléctricos a través del sistema de cargos regulados. Por el contrario, los propietarios (Iberdrola, Endesa, Naturgy) y los municipios del entorno tienen incentivo económico directo para la prórroga: ingresos de la planta y mantenimiento del empleo local.
Motivaciones observables
El Gobierno de Sánchez tiene incentivo para mantener el calendario de cierre, ya que revertirlo implicaría romper el acuerdo de 2019 con sus propias eléctricas y contradecir el discurso propio de transición energética, con coste político en sus socios de gobierno. Las eléctricas tienen incentivo para la prórroga: una central amortizada genera beneficios a bajo coste marginal. El PP y Vox tienen incentivo para presionar en favor de la nuclear como argumento de crítica al Gobierno: el informe del PE, impulsado por sus familias políticas europeas, les da cobertura institucional. La Comisión Europea no tiene capacidad legal de imponer nada en este asunto.
El debate real: no es si la nuclear es buena o mala, sino si España puede permitirse cerrarla ahora
La pregunta técnica que la política evita
El debate nuclear en España tiende a polarizarse en términos ideológicos: los que dicen que la nuclear es necesaria para el futuro y los que dicen que es peligrosa y cara. El problema es que esa discusión oculta la pregunta técnica concreta: ¿puede el sistema eléctrico español absorber el cierre de 1.900 MW de generación base en 2027-2028, con los precios del gas en los niveles actuales y sin almacenamiento masivo de energía disponible? REE (Red Eléctrica de España) publicó en 2023 un informe que señalaba que el cierre de las nucleares podría tensionar el sistema eléctrico entre 2027 y 2030 si la instalación de renovables y la ampliación de interconexiones con Francia no avanzaban al ritmo previsto. A mayo de 2026, esas interconexiones siguen atrasadas.
Lo que queda abierto
- ¿Responderá el Gobierno formalmente a la recomendación del PE? Está obligado a contestar, pero no a seguirla. El plazo habitual es de varios meses.
- ¿Se tramitará la solicitud de prórroga hasta 2030 presentada por Iberdrola, Endesa y Naturgy en octubre de 2025? El Ministerio de Transición Ecológica no la ha admitido ni denegado formalmente.
- ¿Qué pasa con las otras centrales nucleares españolas? Cofrentes (Valencia) cierra en 2030, Ascó I y II (Tarragona) entre 2030 y 2032, Garoña está ya cerrada. ¿Se revisará todo el calendario o solo Almaraz?
- ¿Cambia algo si el Estrecho de Ormuz reabre antes del verano? Un descenso del precio del gas reduciría la urgencia del argumento energético para la prórroga.
Si cerrar Almaraz en 2027 tensa el sistema eléctrico y encarece la factura, y prorrogarla hasta 2040 cuesta 3.800 millones que pagan los consumidores, ¿quién toma esa decisión, con qué criterio y rindiendo cuentas ante quién?
Cómo verificamos este artículo
Fuentes verificadas el 6 de mayo de 2026: Infobae España ("El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz", 6 mayo 2026), El Debate ("La Eurocámara pide a Sánchez que reconsidere el cierre de Almaraz", 6 mayo 2026), El Español ("El Parlamento Europeo reclama al Gobierno que reconsidere el cierre de Almaraz por su impacto en la soberanía energética", 6 mayo 2026), Alcázar de San Juan ("Bruselas reabre el debate sobre Almaraz", citando el acuerdo de 2019), Energías Renovables ("La Eurocámara pide reconsiderar el cierre de Almaraz", 6 mayo 2026), Canarias 7 ("Bruselas pide a España que reevalúe el cierre de Almaraz", 6 mayo 2026). El dato de generación de Almaraz (7,2% en 2024) procede de REE (Red Eléctrica de España, Informe del Sistema Eléctrico Español 2024). El coste de la prórroga (>3.800M€) procede del manifiesto publicado por las 50+ organizaciones civiles, citado en Energías Renovables. El dato de empleos (4.000 directos+indirectos) es el citado de forma consistente en todos los medios de cobertura local. El artículo 194 del TFUE establece que la política energética es competencia de los estados miembros. La base legal de la recomendación del PE (Comisión de Peticiones) es el artículo 227 del TFUE. Errores o información adicional: redaccion@horadedespertar.org